EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– Un abogado defensor de un militar implicado en la presunta red de sobornos relacionada con la contratación de seguridad privada en instituciones públicas aseguró que su cliente actuó de buena fe al facilitar su cuenta bancaria a un superior para recibir varios millones de pesos.
“Nuestro defendido fue utilizado de buena fe por un superior de mayor rango, al permitirle el uso de su cuenta bancaria para recibir dinero”, explicó el abogado Franklin Piña.
Sin revelar el nombre del oficial que habría dado las órdenes ni el de su cliente, Piña señaló que el superior ocupaba un cargo en una de las empresas distribuidoras de electricidad (EDES), y que su representado trabajaba para él dentro de esa misma institución.
En la misma línea, el abogado Víctor Manuel Marte, quien defiende al primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, confirmó que su cliente también prestó su cuenta bancaria para recibir millonarias sumas, en circunstancias similares.
El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y con el apoyo de la Dirección General de Persecución, arrestó a varios militares y civiles presuntamente vinculados a una estructura criminal dedicada a gestionar contratos y mantener vínculos con instituciones públicas mediante el pago de sobornos.
La operación incluyó 15 allanamientos en el Distrito Nacional y en Santiago. Se prevé que este miércoles los fiscales depositen la solicitud de medidas de coerción ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Entre los arrestados figuran altos mandos militares como el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, y los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
También fueron detenidos el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, el primer teniente del Ejército Quilvio Bienvenido Rodríguez González, el coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz, y en Santiago, Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Participaron 26 fiscales y 189 agentes de la Policía Nacional en el operativo, el cual reveló un esquema de corrupción que afectó a instituciones como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), y las Empresas Distribuidoras de Electricidad del Norte (EdeNorte), Este (EdeEste) y Sur (EdeSur).
