EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- José Rodríguez, abogado de tres de las víctimas de actas de defunción falsificadas en el municipio de Mao, provincia Valverde, aseguró este miércoles que sus representados no poseían ningún tipo de deuda con el imputado, Máximo Mendoza.
“El Ministerio Público ha solicitado que el caso sea declarado complejo. Sin embargo, ya en medios de comunicación se habla de que él lo hacía porque le debían. Pero yo puedo decirles de manera responsable que las personas que defiendo no le debían al señor, no tenían ningún vínculo, ni eran garantes de nada”, dijo Rodríguez durante su intervención en el programa El Show del Mediodía.
Refirió que los afectados han sido doblemente “revictimizados” al ser señalados como deudores.
El abogado señaló que, como parte del modus operandi, el imputado se dirigía a distintas funerarias buscando certificados para enterrar a personas que declaraba como muertas.
En referencia a la habilitación médica para la firma de actas de defunción, Rodríguez dijo que por el momento desconoce si la persona que realizaba dicha práctica se encontraba en calidad de pasante o de médico profesional.
“Se supone que el médico debe orientar cuál es el protocolo para ese proceso, y entre ello se encuentra que se debe ver el cadáver primero”, afirmó.
Sobre la acusación
La medida de coerción contra el imputado será conocida este viernes por la Oficina de Servicios de Atención Permanente de Mao.
Según informaciones, el acusado presuntamente falsificaba actas de defunción en unidades médicas y oficialías de la Junta Central Electoral (JCE).
Máximo fue arrestado durante un allanamiento en su vivienda por fraude a documentos públicos durante hechos registrados entre diciembre del año 2024 y junio del 2025.
Presuntamente cometía dicho acto por supuestas deudas económicas de los denunciantes.
Según la investigación, el imputado se aprovechaba de personas en “vulnerabilidad económica” y realizaba negociaciones de préstamos utilizando como respaldo los beneficios que asignan los programas de asistencia social.
Supuestamente, si el beneficiario del “préstamo” no cumplía, el acusado falsificaba un acta de defunción fingiendo ser un pariente.
El abogado de las víctimas aseguró que hasta el momento asciende a 10 el número de afectados.
