EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – El abogado Santos Willy Liriano, representante legal de la familia de la niña Brianna Genao Rosario, de tres años, desaparecida el pasado 31 de diciembre en la comunidad de Barrero, municipio de Imbert, provincia Puerto Plata, ofreció declaraciones en las que cuestiona el curso de la investigación y denuncia presuntas irregularidades en el proceso.
Liriano explicó que fue contactado por familiares directos de la abuela materna de la menor, quienes acudieron junto a él a la sede del Ministerio Público en la Policía Nacional de Puerto Plata con la intención de aportar elementos que ayudaran a fortalecer la investigación. No obstante, aseguró que ni él ni los familiares tuvieron participación directa en el proceso investigativo.
El jurista indicó que la investigación fue cerrada y acordonada por agentes policiales procedentes de Santo Domingo, lo que, según afirmó, ha impedido que el Ministerio Público de Puerto Plata tenga control total del caso.
Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa El Nuevo Diario Santiago AM, transmitido por El Nuevo Diario, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 9:00 a.m., bajo la conducción de la periodista Adalgisa Castillo.
El abogado sostuvo que, tanto para los representantes legales de la familia como para los abogados que eventualmente defenderán a los imputados, la investigación podría estar contaminada, debido a que no se ha llevado a cabo conforme al debido proceso. Señaló que a algunos de los presuntos responsables se les habrían propinado golpes severos durante los interrogatorios, llegando incluso a trasladar a uno de ellos a un centro de salud, por lo que calificó la investigación como “muy mala”.
Asimismo, reveló que tanto la familia como él se enteró, a través de plataformas digitales, de la supuesta aparición de la niña y de alegados apresamientos, situación que describió como un impacto emocional fuerte para todos los involucrados.
Liriano manifestó que, hasta el momento, solo ha observado la participación directa del magistrado Miguel Ramos, encargado de la Unidad de Desaparecidos de la Procuraduría General de la República, y del magistrado Julio César Quintana, fiscal coordinador de la Unidad del Ministerio Público con asiento en el cuartel central de la Policía Nacional en Puerto Plata.
El abogado también afirmó que, por razones de seguridad, no se trasladará a Puerto Plata hasta que las autoridades notifiquen formalmente sobre la imposición de medidas de coerción, ya que ha recibido múltiples amenazas a través de redes sociales, debido a la percepción de que defiende a los presuntos acusados.
Finalmente, expresó que las familias de ambas partes se encuentran devastadas por la situación y exigió que el caso sea esclarecido con transparencia, señalando que “las verdades no pueden obtenerse a golpes”, y que hasta el momento no se cuenta con una autopsia del cuerpo, lo que genera numerosas dudas y lagunas en torno a los presuntos responsables.
