EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Máximo Peña, abogado de Jairo González, presidente de la empresa Harvest Groups & Asociados, imputado de estafar a más de 413 personas con al menos 100 millones de dólares, aseguró este viernes que su cliente se encuentra en el “limbo jurídico” por la falta de decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) con relación a la recusación del juez que conoce el caso.
Máximo Peña dijo que la SCJ continúa sin pronunciarse sobre la recusación al magistrado Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que lleva esta etapa del proceso judicial.
“Esta falta de acción, que ya supera los tres meses, ha dejado en un limbo jurídico a Jairo González, quien permanece privado de libertad pese a cumplir con los requisitos para la revisión de su medida de coerción”, explicó Peña.
El togado expresó que, además de Timoteo Peguero, fueron recusados por un querellante del juicio el pleno de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, por lo que le corresponde a la Suprema Corte de Justicia tomar una decisión.
El jurista informó que a esta situación se suman dos hábeas corpus declarados inadmisibles por los tribunales: El primero, identificado como Auto No. 046-2024-SAUT-003641, fue dictado el 14 de noviembre de 2024 por la jueza Diana P. Moreno Rodríguez, de la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
El segundo, correspondiente al Auto No. 047-2024-AAUT-003301, fue emitido el 19 de noviembre de 2024 por la jueza Milagros Mercedes Ramírez Cabrera, de la Novena Sala de la misma jurisdicción.
Aclaró que el retraso en la decisión sobre la recusación ha impedido no solo la revisión obligatoria de la medida de coerción de González, sino también la posibilidad de que se le conozca el cese de la prisión preventiva.
Esta última fue impuesta mediante la Resolución No. 0668-2023-SMDC-00396 del 10 de marzo de 2023, y su plazo máximo de 18 meses se cumplió el 13 de agosto de 2024.
Asimismo, detalló que a pesar de todo eso, Jairo González lleva más de 21 meses en prisión preventiva, superando los límites establecidos por la ley.
“El caso expone serias fallas en el sistema judicial dominicano, especialmente en la atención a plazos procesales y garantías constitucionales, la SCJ prolonga la situación de incertidumbre a González y también plantea dudas sobre la eficacia del sistema en proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos”, estimó.
