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4 de febrero 2026
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2 min de lectura Toga

Abogado de Hugo Beras espera su libertad pura y simple por implicación en operación Camaleón

“No hay posibilidad razonable de que él haya cometido los hechos que se les están imputando”, estimó el togado

Hugo Beras, exdirector del Intrant detenido este 1 de octubre en su residencia. (Ilustración: Camila Decena).
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RESUMEN

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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Luis Rivas, abogado de Hugo Beras, junto a Laura Acosta, uno de los implicado en la denominada operación Camaleón, consideró este viernes que con relación a su defendido lo que procede es que el juez ordene su libertad pura y simple, por su acusación en la presunta irregularidad de un contrato de 1,317 millones entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (Intrant) y la empresa Transcore Latam.

Rivas, en el marco de una visita a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se encuentra detenido Beras, dijo que aunque no tienen la información detallada de los que se le acusa, que lo poco que saben es por la solicitud de allanamiento, su cliente posee los arraigos necesario para enfrentar el proceso estando libre, sin ir a prisión preventiva.

“No hay posibilidad razonable de que él haya cometido los hechos que se les están imputando”, estimó el togado.

El jurista también criticó que Hugo Beras no haya sido notificado con la orden de arresto, asegurando que no tienen una copia del documento y que se han enterado de algunas informaciones a través de la prensa.

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“Cómo es inconcebible que en una orden de arresto, la prensa se entere y sin embargo, el propio afectado no tiene conocimiento de ella”, lamentó el abogado.

Hugo Beras es implicado junto a Jochi Gómez, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Pedro Vinicio Padovani Báez y Carlos José Peguero Vargas.

Carlos Pimentel, director General de Compras y Contrataciones Públicas, suspendió el contrato entre el Intrant y Latam y detalló que mediante investigación fueron encontradas anomalías que incluyen indicios de falsificación de documentos, composición accionaria difusa y movimiento sospechoso de accionistas, entre otros.

El Ministerio Público trabaja en la elaboración del expediente acusador para depositar la solicitud de medidas de coerción contra los implicados ante la Oficina de Atención Permanente de la mencionada jurisdicción.