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21 de enero 2026
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2 min de lectura Toga

Abogado de fiscal desmiente a Yeni Berenice, dice su defendido no está involucrado en caso Gavilán

Jorge Contreras, abogado del fiscal Soni Adriano Rosario. (Foto: Ronnil Pérez)
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RESUMEN

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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado del fiscal por la provincia Independencia, Soni Adriano Rosario, desmintió este jueves a la procuradora adjunta y titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público (MP), Yeni Berenice Reynoso, quien declaró que su defendido fue destituido por estar involucrado en el caso de corrupción denominado operación Gavilán.

Jorge Contreras, defensor legal de Rosario, aseguró que su cliente al día de hoy está en sus funciones de trabajo.

Dijo que las faltas imputadas son de carácter administrativo y no tienen nada que ver con el caso Gavilán.

El togado consideró que la declaración de Berenice Reynoso hace daño a la moral de Rosario y que violenta la disposición de la procuradora General Miriam Germán, en el sentido de que las acciones vinculadas a miembros del MP no deben desvincularse en los medios de comunicación.

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Asimismo informó que el procurador fiscal tiene una solicitud de suspensión ante el Consejo del Ministerio Público, la cual le fue notificada el día 7 de este mes de agosto.

» Nosotros tenemos 30 días para un recurso de reconsideración», expresó.

Anoche, tras finalizar el conocimiento de medida de coerción contra los encartados en la supuesta red que eliminaba antecedentes penales a cambio de dinero, la procuradora Yeni Berenice Reynoso denunció que el referido fiscal de Independencia fue destituido por el caso Gavilán.

El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, dictó 18 meses de prisión preventiva contra cinco de los 12 encartados en la primera fase de la operación Gavilán, mientras que los demás imputados les fueron impuestos arrestos domiciliarios y garantía económica.

La Operación Gavilán tiene bajo investigación al menos a siete fiscales, contra los que el MP procederá a solicitar ante las jurisdicciones correspondientes la designación de un juez especial, en cumplimiento del procedimiento particular establecido en el marco jurídico para la persecución penal contra servidores del sistema de justicia.