RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Carlos Mesa, representante legal de Ángel Martínez, acusado de difamación e injuria, denunció este viernes que en la audiencia de ayer en contra de su cliente este presentaba un gran deterioro en su salud física y que, pese a su situación en la Carcelita del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, presuntamente no le han permitido ser trasladado a un centro médico.
“Ayer en la continuación de la audiencia le digo a la juez que mandé a buscar a Ángel que él está preso para que presente su amparo. Pese a que la otra parte se opuso la juez nos lo concedió. Teníamos dos días que no lo veíamos y cuando lo vi, fue como ver el rostro de la muerte y yo he visto muchos seres queridos morir. Ángel Martínez está en un trance, su rostro estaba pálido, las manos blancas y temblorosas, no coordinaba las palabras ni las ideas, él tiene más de 72 horas sin ingerir agua ni sus medicamentos, dijo que decidió morir en paz”, indicó Mesa.
De igual manera, expresó que una jueza del Poder Judicial ordenó que Ángel fuera trasladado a un hospital, sin embargo, hasta el momento no le han permitido asistencia médica, situación que calificó como un atropello.
“Aunque una persona decida morir para eso están las autoridades para preservarle la vida y no lo quieren llevar al medico ni que lo veamos”, afirmó el abogado.
En ese mismo orden se recuerda que el imputado fue detenido el miércoles por orden del juez del Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía tras supuestamente Martínez incurrir en falta de respeto al tribunal, lo que constituye un delito de audiencia conforme al Código Procesal Penal.
Durante el desarrollo de la audiencia, presuntamente Martínez protagonizó un altercado verbal con el magistrado, a quien se dirigió de forma altisonante e irrespetuosa, por lo que el magistrado decidió aplicar las sanciones establecidas por ley para mantener el orden y la solemnidad del proceso.
Sobre el caso
Faride Raful demandó a Ángel Martínez por difamación agravada e injuria a través de plataformas digitales. La ministra lo acusa de haber difundido información falsa con la intención de dañar su honor, dignidad e imagen pública, utilizando medios como YouTube y redes sociales para hacer señalamientos sin fundamento.
Martínez amenazó con divulgar “videos íntimos” presuntamente inexistentes, lo que ha sido interpretado como un intento de chantaje y descrédito público a la funcionaria.
Raful presentó la querella amparada por la Ley 53‑07 sobre Delitos y Crímenes de Alta Tecnología (artículos 21 y 22) y en el artículo 367 del Código Penal. Además, se constituyó en actor civil para reclamar RD$50 millones por daños morales y perjuicios.
