EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El abogado Jean Cristofer Pérez cuestionó la eficiencia del Ministerio Público luego de que varias personas interpusieron querellas contra la empresa Grupo Paceo, acusándole de estafas inmobiliarias, sin que hasta el momento se hayan obtenido resultados concretos.
Pérez, quien forma parte de la defensa de las víctimas, también denunció recientemente haber recibido amenazas de muerte relacionadas con el presunto fraude inmobiliario vinculado al proyecto West Side Punta Cana del Grupo Paceo.
“Tomé la decisión de presentar una denuncia y hacer esto público porque, aunque hemos manifestado que esto no nos detendrá y no tenemos miedo, queremos responsabilizar al Ministerio Público”, afirmó el abogado.
El jurista ofreció esta y otras declaraciones en una entrevista en el programa Aquí Hablamos Claro, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.
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Pérez informó que, a pesar de que el caso ha sido puesto a disposición de la Fiscalía del Distrito Nacional, y todas las pruebas han sido entregadas para que puedan actuar, las víctimas han sido puestas a disposición de ser entrevistadas y han proporcionado todas las evidencias recopiladas durante la investigación, el proceso judicial no presenta avances concretos.
“Se ha realizado un allanamiento antes del caso Novasco, sin embargo, hemos visto que hace unos días se les realizó este allanamiento a Novasco Real Estate S.R.L., y ya está en una fase de medida de coerción”, criticó, destacando la lentitud de algunos casos en comparación con otros.
Esta situación, según expresó Pérez, lo lleva a cuestionar si el ingeniero Joan Fernando González y la constructora Grupo Paseo están siendo protegidos por algún funcionario o ministro del Gobierno, lo que explicaría la falta de acción judicial en un caso que afecta a personas desde 2013.
Asimismo, advirtió que el blanqueo de capitales siempre deja rastros. A pesar de que puedan intentar limpiar y dar una apariencia lícita a estos movimientos, el abogado considera que, si el Ministerio Público realiza una investigación responsable, podrán descubrir las irregularidades en el manejo económico de la empresa.
“El Ministerio Público tiene que dar respuesta y debe incluir estos aspectos en la investigación por el delito de estafa que se está persiguiendo”, agregó Pérez.
Finalmente, destacó que el delito de lavado de activos es un crimen de orden público, lo cual implica que, dado que afecta al Estado, corresponde al Ministerio Público investigarlo y perseguirlo.
