RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El abogado Aneris Mercedes destacó las diferencias entre los dos modelos de cárceles de la República Dominicana, el Antiguo Modelo (AM) y el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR), afirmando que este último solo beneficia a la clase alta.
Mercedes sostuvo que, aunque en el nuevo modelo algunos reclusos logran rehabilitarse, en el antiguo modelo la situación es diferente. «En lugares como Victoria o el 15 de Azua, los internos se vuelven más delincuentes».
El abogado explicó que un «joven serio», que se encuentra en prisión por delitos de violencia de género, no necesariamente es un delincuente en sentido estricto. Sin embargo, al estar en la cárcel, se ve obligado a adaptarse y sobrevivir, adquiriendo habilidades que debería haber aprendido en libertad para contribuir a la sociedad en instituciones públicas o privadas.
Durante una entrevista con el comunicador Emeli Pujols en el programa «En el Foco», transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Mercedes agregó que en el nuevo modelo los reclusos pueden participar en cursos técnicos, prepararse en oficios o asistir a la universidad. Sin embargo, advirtió que quienes realmente se benefician son aquellos con recursos económicos.
(Ver programa)
En el Foco – Entrevista a Lic. Aneuris Mercedes Abogado con el Tema: las cárceles y sus debilidades.
El abogado resaltó el posible impacto de un enfoque integral en el tema penitenciario en la República Dominicana, considerando que un cambio de las políticas públicas podría mejorar la situación.
También destacó que aunque el Código Procesal Penal afecta de manera desproporcionada a las personas de bajos recursos, no es así especialmente en casos de corrupción administrativa.
«El código se pone a la par con las personas pobres en el entendido de corrupción administrativa, ya que el Ministerio Público está obligado a presentar pruebas de que tú eres un corrupto”, sostuvo.
Mercedes subrayó que, en este contexto, el Ministerio Público está obligado a presentar pruebas de la culpabilidad de los acusados, lo que invierte la carga de la prueba y coloca al ciudadano en la posición de tener que demostrar su inocencia respecto a enriquecimiento ilícito.
«Se te obliga a presentar pruebas de dónde proviene tu dinero», concluyó.
