EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado John Garrido, afirmó que el cobro por los marbetes es ilegal y no está sustentado en ninguna normativa y que según la nueva legislación 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, no se reconoce la famosa revista y que sólo examina: la licencia, placa, marbetes de inspección técnica vehicular y la matricula.
El experto que conversó con Jaime Rincón, Aneudy Ramírez y Euclides Marmolejos en el programa El Nuevo Diario en la Tarde, que se transmite de lunes a viernes por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV, dijo que la gente está comprando algo que no está establecido en la nueva ley, para ejercer el derecho a la circulación.
John alertó que quitarle el vehículo a un ciudadano por no renovar su marbete es una violación y un abuso de poder de parte de la Digeset, anteriormente Amet, en tal sentido, comentó que si el Estado dominicano quiere recaudar fondos económicos que lo ponga por ley, ya que en la anterior fue derogada.
El versado sobre tránsito, expresó que el marbete de derecho a la circulación estaba plasmado en la Ley 02-41 en el artículo 9 y que luego fue modificado por la Ley 02-25 que establecía el aumento cuando no lo adquiría a tiempo.
“La nueva Ley 63- 17 eliminó todo el contenido de la legislación 02-41 y este nuevo estatuto reconoce la figura del marbete para la inspección técnica vehicular, en donde un registro que periódicamente es ordenado por la ley a través de talleres autorizados para ver si tu vehículo está en condiciones óptimas para circular”, aclaró Garrido.
El entrevistado vía video llamada, declaró que cuando un agente de tránsito pone una multa es ilegal, ya que la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) fue sustituida por la Digeset y esta ley tiene un año de vigencia y siguen utilizando el antepuesto nombre institucional.
La Dirección General de Impuestos Internos está recaudando una imposición que no existe en ningún reglamento, y esclareció que de no hacer una ley que contemple esos cobros ese dinero habrá que devolverles a los ciudadanos.
Recomienda a los dominicanos denunciar este atropello a través de las instancias judiciales, porque ese cobro no tiene sustento legal.
