EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado penalista Manny Sierra aclaró que el coronel Rafael Antonio Morales Herrero está siendo objeto de una investigación por parte de las autoridades militares, luego de que este denunciara un presunto entramado criminal dentro de organismos de seguridad del Estado.
Sierra explicó que como consecuencia de la denuncia el coronel Morales Herrero fue asignado al J-1 que es la Dirección de Personal del Estado Mayor Conjunto, en el marco del proceso de investigación que se ha abierto en su contra.
Asimismo, el abogado confirmó que Morales Herrero ha sido suspendido de sus funciones y que se ha conformado una comisión especial para escuchar su caso en el ámbito disciplinario.
El profesional del derecho emitió sus consideraciones al ser entrevistado por vía telefónica por los comunicadores Jaime Rincón, Julio Samuel Sierra, Adán Lesther y Omara Corporán en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, transmitido por la plataforma digital de “El Nuevo Diario TV”.
(Ver programa).
En ese contexto, el jurista señaló que el artículo 190 de dicha ley prohíbe a los oficiales activos emitir denuncias u opiniones públicas, lo cual según advirtió plantea una “discusión constitucional sumamente grave”.
“La investigación se asume dentro del campo de la disciplina militar, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (Ley 139-13)”, precisó Sierra.
El abogado también recordó que el coronel Morales Herrero presentó su denuncia por la vía institucional hace más de tres años, dirigiéndola a la entonces titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público y actual procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.
“La Constitución de la República en su artículo 22.5 reconoce el derecho de todos los ciudadanos a denunciar actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos. Por tanto, existe una tensión entre la norma disciplinaria militar y los derechos fundamentales consagrados en la carta magna”, subrayó.
Sierra afirmó que su defendido actuó dentro del marco legal y en ejercicio de su deber ciudadano, por lo que confía en que el proceso disciplinario se lleve con imparcialidad y respeto a los derechos fundamentales.
