RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La abogada Wendy Lora, defensa del acusado Raymel Pastor del Rosario Viola, procesado por su presunta vinculación a una red de corrupción integrada por militares y civiles, solicitó al tribunal dictar sentencia absolutoria a favor de su representado, quien es sobrino del mayor general de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), Julio Camilo de los Santos Viola, exsubjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).
Lora alegó que durante el judicial no se ha demostrado vinculación de su cliente con los delitos que le imputa el Ministerio Público dentro del expediente sobre una presunta red de corrupción administrativa.
Durante su intervención ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, la abogada sostuvo que, tras el análisis de las pruebas presentadas por la defensa y los propios elementos aportados por el órgano acusador, no se ha probado que Pastor del Rosario Viola haya cometido hechos de testaferrato ni que manejó fondos ilícitos presuntamente provenientes de actividades corrupta.
La jurista justificó además que tampoco se ha demostrado la existencia de una asociación de malhechores que relaciones a su defendido con alguna actividad delictiva, señalando que las demás calificaciones jurídicas atribuidas por el Ministerio Público no subsisten sin la acusación principal de testaferrato.
Como parte de sus conclusiones, la defensa solicitó que el tribunal ordene el levantamiento de la oposición a traspaso de las propiedades del acusado ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección del Registro Inmobiliario, así como el descongelamiento de sus cuentas bancarias.
Asimismo, que se disponga la devolución de los fondos que el Ministerio Público ha venido percibiendo por concepto de alquiler de tres solares propiedad de Pastor del Rosario Viola, conforme a un contrato suscrito por este en Cabirma del Este.
La abogada también solicitó que se rechace la querella y constitución en actoría civil, al considerar que no fue presentada conforme a lo que establece la normativa procesal y que no existe una demostración concreta de un perjuicio causado al Estado por parte de su defendido.
En ese sentido, sostuvo que los daños morales no pueden ser reconocidos a personas jurídicas ni al Estado en este caso.
Durante el proceso, la defensa también presentó documentación que, según indicó, respalda la procedencia legal de algunos bienes del acusado.
Entre estos figura una certificación de un banco que establece que Pastor del Rosario Viola obtuvo un préstamo para la adquisición de un vehículo Toyota Corolla, placa A599613, año 2009, cuya transferencia fue realizada el 22 de diciembre de 2017.
Igualmente, señaló que el Jeep Grand Cherokee Laredo, año 2015, placa GS04770, adquirido el 4 de noviembre de 2020, fue comprado mediante un inicial de 300 mil pesos, la entrega de otro vehículo y un financiamiento obtenido en la empresa Sosa Sánchez Autocrédito, S.R.L., teniendo el propio vehículo como garantía.
Raymel Pastor del Rosario Viola figura entre los acusados como presunto integrante de una supuesta red de corrupción que, según el expediente acusatorio, habría operado entre 2012 y 2020, período en el que presuntamente se habrían defraudado más de RD$4,500 millones al Estado dominicano.
El órgano acusador sostiene que la estructura criminal era encabezada por el mayor general Adán Cáceres Silvestre e integrada por militares, policías y civiles.
En el caso de Pastor del Rosario Viola, el Ministerio Público solicita 10 años de prisión y el pago de 200 salarios mínimos.
De igual manera, la fiscalía pidió 20 años de prisión y el pago de 400 salarios mínimos contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), Rafael Núñez de Aza y Rafael Camilo de los Santos Viola.
Para los demás implicados en el proceso se solicita penas que oscilan entre cinco y diez años de reclusión, al considerar que formaban parte de la presunta estructura de corrupción.
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