EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La abogada Laura Acosta, defensora del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, lanzó este martes fuertes acusaciones contra el Ministerio Público, señalando irregularidades en el proceso judicial y denunciando lo que considera un fraude procesal.
Durante su intervención, Acosta expuso un aparente desfase en la presentación de pruebas dentro del caso, asegurando que existen inconsistencias en los tiempos de entrega y recepción de documentos clave.
La abogada solicitó a la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Tribunal de la Instrucción del Distrito Nacional, que declare la inadmisión del expediente acusatorio.
Como ejemplo, mencionó que un peritaje basado en documentos de la Superintendencia de Bancos fue remitido a la Pepca siete minutos antes de que los documentos fueran oficialmente recibidos. “¿Se fueron en una máquina del tiempo?”, cuestionó la abogada, ironizando sobre lo que considera una manipulación procesal.
Asimismo, criticó el manejo de la acusación y la forma en que se realizó el depósito de documentos, insinuando que el MP intentó pasar desapercibido en la entrega de pruebas para evitar el escrutinio de la prensa y la defensa.
Acosta comparó la situación con el caso Medusa, indicando que, a pesar de que esta acusación tenía más de 12,000 páginas, en sólo cinco días el país entero ya conocía su contenido, mientras que en este proceso hubo un retraso de 21 días para su notificación.
“Si este tribunal es justo y quiere indagar la verdad, debe ordenar medidas de instrucción”, sostuvo la togada, enfatizando que confía en la justicia, pero advirtiendo que el caso está en un momento crucial.
Laura Acosta aseguró que ese expediente no se depositó el 25 de abril de 2024, como afirmó el Ministerio Público, razón por la que pidió que se lleve a declarar a las personas encargadas de recibir y sellar el documento.
Los principales acusados en el caso Calamar, además de Gonzalo Castillo, son Donald Guerrero, exministro de Hacienda, y José Ramón Peralta, exministro Administrativo de la Presidencia, entre otros exfuncionarios. Se les acusa de estafar al Estado con 21 mil millones de pesos.
