Hay gavetas que no cierran porque están viejas.
Otras no cierran porque están mal hechas.
Pero hay algunas que no cierran porque las forzaron, las reventaron y las dejaron inservibles.
Eso último es lo que hoy representa SeNaSa, a la luz de sus estados financieros preliminares al 31 de diciembre de 2024 y del proceso penal que cursa en los tribunales de la República.
Ya no se trata solo de números rojos ni de una mala racha administrativa. Se trata de hechos concretos. En 2023, SeNaSa cerró con ganancias por RD$ 540 millones. Un año después, en 2024, reportó pérdidas por RD$ 8,331 millones. El salto no es menor: es un desplome financiero de más de RD$ 8,800 millones en apenas doce meses.
En paralelo, el Ministerio Público acusó formalmente al exdirector de SeNaSa, el doctor Santiago Hazim, de desfalcar la institución, y lo hizo frente a los tribunales y frente al país. No es un comentario de redes ni una especulación política: es una acusación penal presentada por el órgano constitucional encargado de perseguir el delito.
Cuando esa acusación se coloca junto a los números oficiales, el cuadro es sencillamente devastador.
SeNaSa arrastra pérdidas acumuladas superiores a RD$ 14,538 millones, lo que se traduce en patrimonio negativo, una condición que en cualquier entidad seria activa todas las alarmas. Además, los pasivos totales superan los RD$ 22,322 millones, una cifra que triplica con creces la del año anterior.
Pero el dato más grave no está en una celda contable, sino en la vida real: SeNaSa adeuda alrededor de RD$ 20,159 millones a clínicas, médicos, laboratorios y farmacias. Prestadores de servicios de salud que han tenido que operar como financiadores forzosos del Estado, esperando pagos que no llegan y absorbiendo déficits que no provocaron.
Eso no es eficiencia social.
Eso es trasladar el colapso financiero a todo el sistema de salud.
Durante años se quiso vender a SeNaSa como un modelo intocable, blindado por un discurso social que parecía colocarlo por encima de cualquier cuestionamiento. Pero los números no hacen ideología. Y los expedientes judiciales tampoco.
El Ministerio Público sostiene que hubo desfalco. Y mientras esa acusación se ventila en los tribunales, lo que sí está fuera de discusión es el daño causado. Cuando una institución pública pasa de ganancias a pérdidas millonarias, acumula deudas impagables y deja sin liquidez a quienes sostienen el sistema, la discusión deja de ser administrativa y se convierte en institucional y penal.
La responsabilidad de una gestión pública no se mide por la retórica ni por los aplausos. Se mide por los resultados. Y cuando los resultados son este nivel de deterioro financiero, no hay discurso que lo maquille.
Si los tribunales confirman lo que el Ministerio Público acusa, la cárcel no sería una injusticia ni una exageración. Sería, incluso, un castigo insuficiente frente al daño estructural causado a una entidad que administra recursos destinados a la salud de millones de dominicanos.
Porque quien juega con fondos públicos de salud no comete un simple error técnico.
Juega con vidas.
Con hospitales.
Con tratamientos.
Con la estabilidad del sistema.
A SeNaSa no se le desordenaron los papeles.
A SeNaSa le dieron como gaveta que no cierra.
Y ahora le corresponde a la justicia determinar quién la forzó, cómo la forzó y por qué.
El país merece respuestas.
Y, sobre todo, consecuencias.