RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – A un mes y 14 días del colapso del techo de la discoteca Jet Set, que cobró la vida de 233 personas y dejó casi 200 heridas, se han presentado 49 acciones judiciales contra los propietarios del emblemático establecimiento.
Entre estas figuran querellas formales y denuncias interpuestas por familiares de las víctimas, en busca de justicia y del esclarecimiento de las causas del desplome ocurrido el 8 de abril, a las 12:45 de la madrugada.
El suceso transformó en segundos un espacio tradicional de la vida nocturna dominicana en una zona de desastre. Entre los escombros fueron hallados decenas de cuerpos sin vida, algunos de ellos figuras reconocidas del deporte, las artes, la política y el sector empresarial.
El Jet Set, fundado hace cinco décadas, era un punto de encuentro para nacionales y extranjeros que cada semana asistían a sus populares “lunes bailables”. Ahora, su estructura derrumbada es objeto de una profunda investigación técnica y legal.
La Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) conserva partes del colapso estructural para análisis forenses. El objetivo es identificar las causas técnicas del derrumbe, incluidas posibles sobrecargas o modificaciones no autorizadas.
No obstante, el propietario del local, Antonio Espaillat, ha defendido públicamente que las reformas realizadas no incluyeron sobrecargas y que los equipos pesados, como bocinas y compresores, no se colocaron en el techo, sino en las paredes y el suelo.
La primera querella fue presentada el 15 de abril por la familia de Virgilio Rafael Cruz Ponte, representada por el abogado Félix Portes, acusando a los dueños del local de homicidio involuntario por presuntas negligencias en el mantenimiento de la estructura.
Dos días después, el 17 de abril, se sumaron nuevas demandas civiles. Y el 19 de ese mismo mes, la Procuraduría General de la República bloqueó preventivamente los bienes y activos de empresas vinculadas a Antonio Espaillat, ante la posibilidad de que intentara evadir responsabilidades legales.
Entre los familiares que han anunciado nuevas acciones se encuentra Zulinka Pérez, hija del reconocido merenguero Rubby Pérez, quien falleció en el colapso. Pero hasta el momento no se ha querellado.
Pérez calificó el hecho como un acto de negligencia y exigió que los responsables enfrenten consecuencias.
Además de Rubby Pérez, entre los fallecidos se encuentran figuras como el exbeisbolista de Grandes Ligas Octavio Dotel; Tony Blanco, también exjugador profesional; Nelsy Cruz, gobernadora de Montecristi y hermana del pelotero Nelson Cruz, quien falleció tras ser rescatada con vida.
La tragedia también se llevó la vida de varios empleados del centro, como los camareros Omar Ogando y Daniel Taveras Polanco. Asimismo, murieron miembros destacados del ámbito empresarial, entre ellos Eduardo Grullón, presidente de la AFP Popular; su esposa, Jhoanna Rodríguez de Grullón; Alexandra Grullón, ejecutiva de Qik Banco Digital Dominicano; su esposo, Eduardo Guarionex Estrella Cruz, hijo del ministro de Obras Públicas; y Stephanie Avendaño Patricio, colaboradora del Grupo Popular.
Con casi 50 acciones legales en curso y una investigación técnica en marcha, los familiares y la sociedad dominicana aguardan respuestas sobre una de las tragedias más impactantes de la historia reciente de la República Dominicana. Mientras tanto, abogados de víctimas han criticado que, a pesar del tiempo transcurrido, el señor Espaillat y Ana Grecia López, propietario y administradora del lugar, no han sido citados a interrogatorios por las autoridades judiciales.
