La Organización No Gubernamental (ONG), autodenominada “sociedad civil” y otros movimientos de presión politicosocial –esencialmente los de las sombrillas amarillas- convocaron a los candidatos presidenciales para las elecciones del 2012 para que asistieran el día 7 de septiembre del año 2011 al Auditorio de la Universidad Católica Santo Domingo con el propósito de firmar un pliego de caballeros que les comprometía –en caso de ganar las elecciones- a cumplir con lo estipulado en la Ley General de Educación 66-97 de invertir el 4% del Producto Interno Bruto en el área de la educación. Allí asistieron bajo la fiesta democrática de la campaña electoral, presionados por evitar un castigo electoral que podía ser propiciado desde litorales populistas.
Todo se consumó en presencia del reverendo padre doctor Ramón Alonso, entonces Rector de la universidad y otras autoridades de la Casa de Altos Estudios. Se firmó un documento-compromiso, en el que para muchos, fue un acto en donde iniciarían cambios fundamentales en la educación dominicana.
Para algunos colegas nosotros nos convertimos en conservadores, porque decíamos en aquella época, que los problemas de la educación no eran producidos por falta de recursos, que la problemática era demasiado compleja para simplificarla a montos económicos. El tiempo ha dado la razón a quienes pensábamos por esos senderos de reflexión, lo que no nos pone contentos ni nos convierte en clarividentes, muy por el contrario, nos llena de tristeza todo el despilfarro de recursos y miopía de los dirigentes de los profesores que vieron la oportunidad de trabajar el ámbito populista del mundo gremial, para buscar beneficios particulares. También lamentamos el herrado criterio de creer que la educación se limita a construcción de planta física y equipamiento de aulas con sus laboratorios muy poco utilizados por falta de competencias reales, incluyendo las actitudinales.
Faltan muchos profesores con actitud de compromiso y de responsabilidad para trabajar más allá de las competencias en ciencias, lengua Española y otras lenguas necesarias hoy en día para competir. Es verdad que en las aulas y en los laboratorios necesitamos docentes competentes, pero, sobre las competencias necesitamos personas que se comprometan y que asuman responsabilidades. Es urgente que pactemos con la sociedad para que el Sistema Educativo Dominicano pueda asumir un régimen de consecuencia a los comportamientos de los profesores y directivos líderes que son responsables en las escuelas, distritos, regionales y direcciones generales del Ministerio.
No podemos seguir haciendo lo mismo, repitiendo como tontos los mismos errores sobre un ritual dogmático de acciones que llevan al Sistema a convertirse en una organización para el fracaso.
En América Latina estamos colocados en el segundo lugar en inversión en el área de la educación. Solo Costa Rica nos supera, pero, estamos en el último lugar en calidad de la educación en el hemisferio. Ha salido muy caro el populismo del año 2011 al pueblo dominicano.
No estamos en contra de la inversión en educación, de lo que si estamos en contra es de la mala inversión que se hace, en detrimento de la economía del país.
La educación debe producir pensamiento popular, la inversión debe conducir a una mejora reflexiva de la población que egresa de las escuelas. Si hacemos una investigación sobre eso, nos asustaríamos de los resultados.
Es penoso que nuestra inversión en 11 años no haya servido para mejorar nuestros niveles de calidad. En cambio la educación en Costa Rica –que invierte el 8%- está entre las mejores de América.
Nosotros con el 4% estamos en el último lugar de América, por lo menos deberíamos ocupar un lugar cercano a este hermano país, por ser la segunda nación que más invierte en educación, pero, la complejidad del área nos aconseja a ver más allá de la inversión para poder trabajar variables que nos ayuden a mejorar paulatinamente nuestro desempeño.
Eso no lo entendieron los oportunistas del 2011 ni lo querrán entender todavía, porque viven de la ignorancia y las conveniencias a sus intereses particulares.
Por Francisco Cruz Pascual