El juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Ortega, impuso este viernes impedimento de salida del país y presentación periódica así como el pago de una fianza, como medidas de coerción, a Bernardo Castellanos, el único de los 14 acusados de recibir sobornos de Odebrecht que no había comparecido ante los tribunales.
Castellanos se desempeñó como director técnico de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid) entre 2000 y 2004 y está acusado de recibir sobornos para la adjudicación a Odebrecht del proyecto de construcción de la presa Pinalito.
El imputado fue arrestado el miércoles pasado en el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA), al este de la capital dominicana, a su llegada en un vuelo procedente de Panamá, dos meses después de que se emitiera una orden de captura en su contra.
Con la presentación de Castellanos ante la Justicia se cierra la primera fase procesal del caso, ya que el magistrado Ortega ha dictado medida de coerción contra todos los imputados, por lo que ahora las autoridades deberán concentrarse en ampliar las investigaciones, que deberán concluir en unos seis meses, según la decisión del juez.
El juez Ortega es el mismo que conoció el caso de los otros 13 involucrados en la distribución de los 92 millones de dólares que Odebrecht afirmó haber pagado en el país para adjudicarse la ejecución de infraestructuras entre 2001 y 2014.
Por el caso Odebrecht fueron imputados, entre otros, el ahora exministro de Industria y Comercio Temístocles Montás y el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición), Andrés Bautista, en libertad condicional bajo fianza desde el pasado 8 de julio tras un mes de prisión preventiva.
La mayoría de los procesados hacen ya vida normal, incluyendo actividades políticas, y en la cárcel solo se encuentran el empresario Ángel Rondón, señalado por el Ministerio Público como la persona que recibió y distribuyó los sobornos, y el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, un importante dirigente del PLD.
Entre los implicados está el diputado Alfredo Pacheco, quien fue ratificado esta semana por el PRM como su portavoz en la Cámara de Diputados, que rechazó retirarle la inmunidad parlamentaria solicitada por el Ministerio Público por este caso.
También figuran los senadores Julio Cesar Valentín y Tommy Galán, del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y quienes, al igual que Pacheco, conservan la inmunidad parlamentaria por decisión de la cámara alta.
El pasado lunes, el influyente comité político del PLD decidió que tanto Montás como Valentín y el exadministrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales Radhamés Segura, también procesado, se integren a ese órgano, del que habían pedido ser suspendidos temporalmente para enfrentar la Justicia.
Así, estos tres políticos podrán participar en la próxima reunión de dicho comité, prevista, inicialmente, para el 1 de septiembre.
Según el expediente acusatorio, los imputados lograron acumular millonarias fortunas durante estos años, supuestamente gracias a los sobornos que recibían del empresario Rondón.
Las detenciones en el país se produjeron poco después de que República Dominicana recibiera de Brasil los datos sobre los sobornos, gracias a un acuerdo entre el Ministerio Público y la multinacional, que deberá pagar 184 millones de dólares, el doble de lo que entregó en sobornos.
A través del acuerdo, homologado por un juez dominicano el 19 de abril pasado, la constructora se comprometió a revelar los nombres de los beneficiados de los sobornos, a cambio de que sus empleados no sean enjuiciados en este país caribeño.
La Procuraduría General dominicana afirmó esta semana que la colaboración de la constructora brasileña Odebrecht ha permitido avances en la investigación.
Entre los archivos suministrados, afirmó, figuran correos electrónicos con instrucciones, contratos ficticios, los testimonios de cuatro de sus ejecutivos brasileños identificando funcionarios públicos dominicanos a quienes se habrían pagados sobornos, así como también transferencias de dinero a través de bancos en el exterior para su supuesto representante comercial en el país.
Por EFE
