¿Y las modificaciones a la Ley de Compras?

Por Liza Collado martes 10 de diciembre, 2019

El pasado mes de julio la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas presentó ante el presidente de la República un anteproyecto de modificación a su ley orgánica, en el que se procura eficientizar y transparentar las contrataciones dando mayores oportunidades comerciales a nuestros productores locales, priorizando así las pequeñas y medianas empresas.

Sin dudas que es el Estado, responsable de garantizar el correcto manejo de los recursos públicos, por lo que este instrumento jurídico debe incorporar las mejores prácticas, nacionales e internacionales, permitiendo que el incumbente de turno juegue su rol arbitral sin tintes personalistas, políticos o  partidarios.

Se ha planteado incorporar el 40% del presupuesto asignado a las mujeres y mipymes, estableciendo por ley que el pago a ese sector se deberá realizar en un plazo no mayor a los 30 días, unificando las compras por montos menores a lo establecido exclusivamente para ellos y las personas con capacidades diferentes.

La profesionalización obligatoria de los encargados de compras institucionales y el uso del portal transaccional, es una de las iniciativas atractivas que promueve la pieza porque asegura la designación de un supervisor que gestione el debido seguimiento a los contratos.

En esta modificación se integran además, sanciones penales de entre 10 y 20 años, siendo el último la pena máxima, para quienes violen los procesos de contrataciones prometiendo dádivas o comisiones, buscando el favor de un funcionario público. La misma permitiría, que las adjudicaciones sometidas por recursos de nulidad les sean  suspendidas inmediatamente las suscripciones de sus contratos por un plazo no mayor a los 10 días laborales.

Se informó a los ciudadanos que la propuesta es producto de una amplia consulta entre la sociedad civil, organizaciones empresariales, funcionarios públicos y expertos internacionales. Lo que si debemos tener preclaro, es que quienes gestionan nuestros recursos saben que no deben intervenir, directa o indirectamente, en la aprobación o celebración de los compromisos con el Estado.

El contenido jurídico de este anteproyecto refleja la posición correcta que debe asumir un tomador un de decisiones responsable, que observa detenidamente los procedimientos institucionales, resguardando los recursos del pueblo. Mientras esto se define, aún existe la vigencia de una normativa que establece responsabilidades.

El trabajo de una investigación periodística realizada recientemente en el país, que llenó de indignación a los dominicanos, arrojó supuestas irregularidades que se expresan en el incumplimiento de la Ley de Compras. En la misma, se le atribuye a un Ministro la adjudicación de obras a sus propias compañías, acordando la contratación de RD$11,500 millones de pesos en hormigón asfáltico, recursos que presumiblemente se utilizaron para su campaña política.

¿Se respeta la Ley de Compras? Es una interrogante que nos asalta porque éste y otros casos, han tenido una intervención tímida por parte de DGCP y de la propia Procuraduría General de la República. No podremos avanzar y fortalecer la institucionalidad, hasta tanto seamos conscientes de nuestro rol como servidores públicos, que deberá encaminarse siempre hacia el bienestar colectivo.

¿Y las modificaciones a la Ley de Compras? En sus disposiciones se establece que una vez aprobada la aplicación, sería efectiva 18 meses después de su promulgación. Debe llegar el tiempo en el que se excluyan de los procesos a quienes hayan incurrido en delitos afectando el patrimonio público, se distingan los contratos  y procesos de selección, aclarando los términos y definiendo los estados de excepción.

Por. Liza Collado

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