El 22 de febrero pasado, el presidente Danilo Medina promulgó la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con la finalidad de poner fin al caos en ese sector. Se trata de una excelente iniciativa la cual deberá aplicarse con mucha cautela dado el contenido de esa normativa jurídica.
Mediante esta ley se crea el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (Intrant), que en lo adelante regulará todo el sistema de transportación pública en República Dominicana.
Con la misma, las multas por violación a las normativa de transito serán de uno a 20 salarios mínimos, que deben ser saldadas en un plazo de 30 días. Además, obligará a los choferes del transporte público a montar solo cuatro pasajeros, tres en el asiento trasero y uno adelante. En cuanto a las motocicletas, la legislación obligará a que los pasajeros de moto concho utilicen casco protector y de lo contrario serán multados con el pago de uno a cinco salarios mínimos, igual que a los ciudadanos que no usen los cruces de peatones. ¿Aceptarán esas normas?
Precisamente, ahí está la primera tarea que deberán desarrollar las autoridades. Aplicar multas de salarios mínimos a conductores y peatones no será una tarea fácil debido a la ignorancia y falta de educación de los ciudadanos. Veremos en los días venideros más enfrentamientos entre agentes de la Autoridad Metropolitana del Transporte (Amet) y los conductores públicos o privados, y muchos peatones, que de seguro se resistirán a aceptar esa penalidad dada la alta tarifa reflejada en las penalidades.
¿Elaborarán las autoridades algún protocolo para los agentes que velarán por el cumplimiento de esta ley? ¿Y si el infractor es un desempleado, cómo pagará la multa? ¿Cuál será el mecanismo que regirá para garantizar el pago de las multas?
De hecho, ya estamos viendo algunas reacciones negativas del público. Un canal de televisión local hizo una encuesta a varios ciudadanos sobre por qué arriesgaban sus vidas cruzando de manera temeraria las peligrosas intersecciones en las avenidas de la capital en vez de usar los cruces de peatones. Las respuestas fueron sorprendentes. Unos alegaron que era para acortar distancias, otros porque se cansaban al subir las escaleras y temían ser asaltados, mientras algunos, tal vez los más ignorantes, argumentaron que la nueva ley es un disparate.
Creo que las autoridades deben desarrollar en lo inmediato una ardua campaña de orientación y educación, antes de aplicar la nueva Ley 63-17. Tenemos una población indisciplinada, acostumbrada a violar alegremente las normas del tránsito, ante la ausencia de un régimen de consecuencias que dé seguimiento a estos inadaptados sociales y los saque de las calles.
Impera una urgente solución al problema de tránsito, tal como plantea el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, al anunciar la conformación de una mesa de diálogo con el belicoso sector transporte, el principal obstáculo a vencer.
Como muy bien señala la directora ejecutiva del Intrant, Claudia Franchesca de los Santos, ese organismo fue creado para avanzar, no para retroceder, por lo que primero hay que ver lo positivo, antes que poner delante cosas negativas que no existen, ni estar buscando culpables.
Sugiero retomar la campaña de orientación sobre accidentes de tránsito que el Gobierno central estaba difundiendo, hace poco, a través de los medios de comunicación (ignoro por qué ha cesado); eso se hizo en otros países, en Cuba, Estados Unidos y Chile, para citar tres ejemplos. Se necesita como punto de partida preparar a la población para que luego no alegue desconocimiento respecto a estas nuevas normas. No olvidemos que tenemos muchos analfabetas funcionales.
POR MANUEL VÓLQUEZ
mvolquez@gmail.com