EL NUEVO DIARIO, SEUL.- Los fiscales volvieron a solicitar hoy la detención del vicepresidente de Samsung Electronics y heredero del grupo Samsung, Lee Jae-yong, después de que el magnate fuera de nuevo interrogado por su vinculación con el caso de la "Rasputina".
El equipo de fiscales que instruyen el caso de corrupción y tráfico de influencias que causó la destitución de la presidenta surcoreana, Park Geun-hye, anunció la solicitud de detención de Lee por un delito de soborno, informó la agencia Yonhap.
El anuncio llega después de que el líder de facto de la mayor compañía surcoreana compareciera hoy en Seúl ante los fiscales que tratan de esclarecer si el conglomerado dio apoyo financiero a Choi Soon-sil, apodada la "Rasputina surcoreana", a cambio del visto bueno del Gobierno en un acuerdo de fusión de dos de sus filiales.
Lee fue interrogado por primera vez el 12 de enero en relación al caso por la fiscalía surcoreana, que solicitó una orden de arresto bajo cargos de soborno, malversación y perjurio.
Ésta fue rechazada por un tribunal local al considerar que no se logró aclarar si las donaciones se hicieron en el marco de una cadena de favores.
La fiscalía sostiene que se han conseguido más pruebas contra Lee respecto a la última petición y que darán más detalles sobre ello este miércoles en una rueda de prensa, según informó Yonhap.
Lee y otros responsables de Samsung han admitido haber abonado unos 43.000 millones de wones (35 millones de euros/ 37 millones de dólares) a entidades supuestamente controladas por la "Rasputina" -apodada así por su cercanía con la presidenta-, pero niegan que recibieran ningún trato de favor por ello.
Lee Jae-yong tomó las riendas del conglomerado el pasado octubre después de que su padre, Lee Kun-hee, sufriera un infarto en mayo de 2014 que aún lo mantiene hospitalizado y sin habla.
Choi permanece detenida desde octubre al considerarse que, con la connivencia de Park, confabuló para crear una red de corrupción en la que están aparentemente involucrados la presidenta, miembros de su Gobierno y los principales conglomerados empresariales del país.
El Parlamento surcoreano aprobó en diciembre destituir a Park; la decisión final está ahora en manos del Tribunal Constitucional, que tiene hasta junio para decidir a favor o en contra del proceso.
