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20 de abril 2024
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Vocero de LF cuestiona Procuraduría “realice justicia selectiva” y utilice expediente como chantaje

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El vocero del expresidente Leonel Fernández, periodista Rafael Núñez advirtió hoy que el Ministerio Público debe actuar con entera libertad e imparcialidad en los casos que se presuma se han cometido actos dolosos -no importa de quién se trate-, mediante una investigación que garantice el debido proceso y no esté contaminada […]

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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El vocero del expresidente Leonel Fernández, periodista Rafael Núñez advirtió hoy que el Ministerio Público debe actuar con entera libertad e imparcialidad en los casos que se presuma se han cometido actos dolosos -no importa de quién se trate-, mediante una investigación que garantice el debido proceso y no esté contaminada por el «chantaje y la justicia selectiva».

La reacción de Núñez se produce luego que la Procuraduría General de la República, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), removiera una investigación que desde hace tres años reposa en esa dependencia, a los fines de en estos momentos, ordenar el arresto del exministro de las Fuerzas Armadas, general Rafael Peña Antonio, un coronel de la Fuerza Aérea y dos civiles, involucrados en presuntos sobornos en la compra de los aviones Tucanos.

“Ojalá que la acción del PEPCA no responda al chantaje o una especie de justicia selectiva con la que actúa la Procuraduría General de la República, instancia que ha sido muy diligente para mover la acción pública en momentos que tienen una connotación muy especial, cercanos a fechas significativas en el ajedrez político, lo que se interpreta como un chantaje”, declaró el exdirector de prensa de la Presidencia.

Refirió que toda la opinión pública está consciente de cómo el Procurador Genera, Francisco Domínguez Brito, utilizó por más de dos años un expediente de alegada corrupción contra un exfuncionario, a los fines políticos del jefe del ministerio público.

“Cualquier persona que haya ejercido funciones públicas en la administración de Fernández o cualquier otro gobierno, civil o militar, está obligada a rendir cuentas y acudir a las instancias judiciales cuando así se le requiera, y es ahí que debe probar su inocencia“.

Observó que el país no puede, sin embargo, ver con buenos ojos que desde la Procuraduría General de la República se intente hacer justicia selectiva o usar expedientes como forma de chantaje.

Por Abraahan Montero

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