EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Miguel Surún Hernández, sostuvo este lunes que es poco probable que en el país se reforme la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, porque gran parte de los senadores y diputados que conforman el Congreso Nacional representarían todo, menos los intereses de los trabajadores.
“Vamos a tener los pies sobre la tierra, tenemos un Congreso Nacional conformado en muchos casos por muy buenos diputados que representan su comunidad, pero una gran porción de esos senadores y diputados pues lamentablemente están plegados al capital y en esta condiciones esta gente representa todo menos los interés de los trabajadores”, manifestó.
Surún Hernández fue entrevistado por los periodistas Enrique Mota y Rafael Zapata, en el programa “El Nuevo Diario AM”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, donde sostuvo que sectores con recursos económicos cuantiosos se benefician de tener frenada una reforma a la Seguridad Social.
(Ver programa).
“Peor aún, estamos hablando de la posibilidad de devolución de los fondos de pensiones, pero señores, la gran mayoría de los bonos emitidos por el gobierno Central, la gran mayoría de deuda del gobierno ha sido adquirida por esos fondos de pensiones”, sumó.
Dijo que el Poder Ejecutivo protege, a través de los congresistas, la no devolución del dinero acumulado en los fondos de pensiones, porque estas instituciones tendrían que pedirle al gobierno un dinero que no tiene.
A pesar de que ve poco probable que ocurra esta reforma, Surún Hernández manifestó que se unieron a la marcha que llevó a cabo el Colegio Médico Dominicano (CMD) por una Seguridad Social digna, porque son uno de los grandes núcleos de profesionales independientes que han sido afectados por la falta de implementación de la Ley 87-01.
“Nosotros tuvimos que apoderar al Tribunal Superior Administrativo, mediante una acción de amparo de cumplimiento, en virtud de las disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, exigiendo al Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) la puesta en vigencia del seguro contributivo subsidiado”, expuso.
Apuntó que desde el 2007 hasta la fecha el Estado habría aportado recursos para la implementación de este seguro, sin embargo, en una supuesta actuación corrupta el CNSS ha desviado esos en favor de actividades atinentes a las ARS y las AFP l en violación a la ley.
