EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Durante la sesión extraordinaria de este jueves, los senadores aprobaron a unanimidad y en dos lecturas, las modificaciones presentadas por la legisladora Faride Raful a la Ley 46-20 sobre Transparencia y Revalorización Patrimonial que contempla una reducción de un 28% a un 2% para revalorizar bienes y que amplía su plazo por 90 días.
El objetivo primordial de estas modificaciones, según explicó Raful, es extender su plazo para que más personas puedan acogerse a la normativa. El plazo que tenía contemplado la ley era de 180 días y vencerían el próximo 11 de enero y con esta nueva aprobación, los contribuyentes tendrán 90 días adicionales para acogerse.
Asimismo, la senadora expuso que en vez de pagar 28% por las revalorizaciones, la ley estaría contemplado el pago de un 2% para los beneficiarios que estén previamente acogidos en la normativa.
«Por ejemplo, una casa que se haya adquirido hace 15 años a un costo de RD$5 millones, cuando se vaya a vender en la actualidad, ya no tiene el mismo precio. Por esto hay que pagar a la DGII un impuesto de 28%, pero ahora solo será de un 2%», detalló la senadora.
Esta ley establece un régimen tributario especial de carácter transitorio por el cual los contribuyentes puedan declarar y revalorizar sus bienes ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Raful, proponente de la pieza, estableció en los considerandos del proyecto de Ley que por las consecuencias del COVID-19, muchas personas no pudieron acogerse a los beneficios del proyecto, por lo que su enfoque principal va dirigido a que se extienda el plazo.
En ese sentido, Raful explicó que otro de los objetivos de la pieza va enfocado en que el Estado tenga conocimiento de los bienes muebles e inmuebles que posee cada contribuyente y agregó que el beneficio principal es que los mismos puedan tener más privilegios en las cargas impositivas del proceso.
Esta iniciativa deberá pasar a la Cámara de Diputados para su ratificación o modificación y, como explicó la senadora, en caso de que los representantes de la Cámara Baja la aprueben, estaría en manos del presidente de la República, Luis Abinader, su promulgación formal.
