EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Los diputados Máximo Castro, Agustín Burgos y Magda Rodríguez presentaron este miércoles un proyecto de ley que busca que las clínicas privadas atiendan sin ningún costo a los pacientes que presenten alguna emergencia médica, pero que no cuenten con seguro médico para que, de esta forma, se reduzcan las muertes por falta de dinero.
Al presentar el proyecto, el diputado Burgos explicó que, al cierre del año fiscal, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) devolverá a las clínicas el dinero que hayan utilizado para emergencias, así como los honorarios de los médicos que atienden las urgencias.
Asimismo, según expuso Burgos, la pieza establece que un paciente en estado de emergencia deberá ser trasladado a la clínica más cercana y deberán evitarse los trámites y papeleos que regularmente hacen los centros.
En ese sentido, las clínicas sólo deberán pedir la cédula de identidad del paciente para que «la vida sea el eje de atención» porque, como deploró el congresista, los médicos «atienden de manera tímida» a los pacientes hasta que no se determine quién cubrirá sus gastos.
Sin embargo, los proponentes del proyecto admitieron que las clínicas son empresas privadas y que, por tanto, incurren en gastos que deben generar alguna ganancia para el centro, por lo que reiteraron que estos fondos les serán repuestos al cierre del año fiscal.
De este modo, los legisladores propusieron, en el proyecto que depositaron, una modificación a la Ley 42-01 para que se priorice la vida de las personas antes que los costos que pudieran acarrear si les sucede alguna urgencia médica.
La otra proponente de la pieza, diputada Magda Rodríguez, dijo que la iniciativa legislativa busca que «aumentar la calidad de vida del humano» que necesita atención inmediata y que muchas veces pierde la vida por los trámites de pago.
«Entiendo que las clínicas deben tener garantizado su pago, pero nada puede impedir que un paciente en urgencias sea tratado», argumentó la diputada peledeista.
La modificación al artículo 102 establece que se sancionará a las clínicas que no se acojan a la ley con una multa económica de 50 salarios mínimos del sector público y también puede ser cancelada su licencia temporal o definitiva del ejercicio de la medicina.
