EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Fundación Institucionalidad y Justicia (FJT) presentó este miércoles en el Senado un anteproyecto de ley que busca que los dominicanos, mediante votos por referendo, decidan si desean o no eliminar la intermediación de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).
El presidente de la Fundación, Trajano Potentini, entregó la iniciativa al senador Alexis Victoria Yeb, quien pertenece a la comisión congresual que estudia la reforma a la ley de seguridad social que el año pasado cumplió 20 años de vigencia.
Según Potentini, los últimos ataques a las AFP llevaron a la institución que dirige a entregar al Senado el proyecto ya que, como dijo, los reguladores de las pensiones «no han sabido explicar el destino de los fondos» que han sido cuestionados por las reducciones de dinero en los ahorros de los trabajadores.
«Esas reducciones se han hecho de manera escondida, algo contrario a la ley, porque se han hecho sin la transparencia requerida porque los órganos reguladores no informaron sobre estas pérdidas», acotó el jurista.
En caso de que el proyecto sea viabilizado y aprobado en el Senado, los fondos de pensiones y ahorros serían administrados únicamente por el Estado, dejando así sin capacidad de intermediación a las Administradoras.
En ese sentido, Potentini confío en que los dominicanos, mediante voto mayoritario, apoyarán la eliminación de las AFP y las ARS por la «lucha de intereses económicos y choque entre sectores» que el pueblo visualiza.
De su lado, el senador Victoria Yeb expresó que, aunque las administradoras «han trabajado bien» por más de 10 años, los últimos escándalos obligan a que sea investigado el manejo de los recursos, así como la participación de la Superintendencia de Bancos y su titular, y los ejecutivos de las AFP.
Según el proyecto entregado a Victoria Yeb, después de la aprobación de la ley, la Junta Central Electoral tendrá un plazo de cuatro meses para organizar el referendo y en caso de que el 30% de los electores inscritos no voten, las elecciones se consideraran nulas y las conclusiones enviadas al Congreso.
