(VIDEO) Jurista advierte sobre efecto “boomerang” Ley Extinción de Dominio; sugiere cambios

Por Nuriely García miércoles 29 de junio, 2022

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El especialista en derecho constitucional Roberto Medina Reyes consideró que no hay que satanizar el proyecto de Ley de Extinción de Dominio, debido a que este es un punto que está completando dentro de la Constitución; sin embargo, advirtió que hay que ser cuidadosos con la forma en que esta sea aplicada, porque podría tener un “efecto boomerang”.

En ese sentido, puntualizó que lo importante es que las medidas que se implementen para poner en práctica la extinción de dominio sean constitucionalmente legítimas, porque en el “derecho la finalidad no justifica los medios”.

“Se ha hecho un discurso sobre la persecución de los bienes obtenidos con enriquecimiento ilícito, porque al final de cuentas ese proyecto pude ser un boomerang y lo ideal es que sea un proyecto conforme al texto constitucional y que no se utilice como una especie de cacería de brujas, porque ese no es el objetivo”, precisó.

En una entrevista realizada por Jaime Rincón y Aneudy Ramírez en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”,  que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV,  Medina Reyes manifestó que el desarrollo de la extinción de dominio en una persona a la que se le está iniciando un procedimiento penal para determinar su responsabilidad, sirve para vulnerar la presunción de inocencia de ese individuo.

(Ver en el minuto 29:40).

“Ese es uno de los elementos que tienen que revisarse en el proyecto de Ley de Extinción de Dominio para condicionar la comprobación del hecho ilícito. Es decir, para comprobar que realmente la vivienda se utilizó para un hecho ilícito es necesario que primero exista una sentencia que diga que la persona titular del bien cometió el ilícito”, explicó.

Expuso que la esta ley se podría iniciar un procesamiento de la propiedad independientemente de la responsabilidad penal de la persona.

Asimismo, criticó la imprescriptibilidad de la ley, argumentando que en su artículo 110 la Constitución “establece el tema de la retroactividad y contempla el principio de se seguridad jurídica y que no pueden hacer modificaciones abruptas, pero además que no se puede aplicar una norma a una persona luego de transcurrido un determinado tiempo”.

Por eso, aconsejó  tomar en cuenta la prescriptibilidad de las actuaciones y favoreció la recomendación realizada por la comisión bicameral que analiza la iniciativa  de establecer un plazo máximo de 20 años.

El jurista precisó que el enfoque que se debe dar a este proyecto es que primero busque, demuestre y  condene la responsabilidad de las personas antes de aplicar la extinción a los bienes.

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