Por: Marolin Castillo.
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Eduardo Jorge Prats, uno de los abogados de los miembros de la Cámara de Cuentas, sostuvo ayer jueves que los titulares del órgano extra poder están siendo investigados por una supuesta obstrucción de pruebas, por lo que asegura que la requisa de documentos durante el proceso de allanamiento constituye una prueba ilícita desde el punto de vista del proceso penal.
“Lo que se está investigando es la obstrucción de justicia y la obstrucción de justicia se prueba con la no entrega de información, por lo tanto, la medida no es idónea y tampoco puede ser un cheque en blanco para requisar cualquier documento que aparezca durante este allanamiento, porque eso se constituiría una prueba ilícita desde el punto de vista del proceso penal”, aseguró.
Jorge Prats emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por los comunicadores Jaime Rincón, Aneudy Ramírez y Euclides Marmolejos, en el programa El Nuevo Diario en la Tarde, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.
(Ver entrevista a partir del minuto 33:05).
Aclaró que no se pretende que los miembros de la Cámara de Cuentas estén exentos de ser investigados y procesados formalmente, sino, que si los mismos están siendo objeto de una investigación por una supuesta obstrucción de justicia, el allanamiento no era el procedimiento indicado.
“Si lo que se va a buscar son las auditorías, el procedimiento no es mediante un allanamiento, es mediante una solicitud, entonces hay lo que se llama desvío de poder jurisdiccional”, aseguró.
Además, expresó que a la jueza María G. Garabito, de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, no se presentaron elementos que probaran que el allanamiento era necesario y aún así se emitió la orden, lo que constituye una medida restrictiva de libertad.
“Una medida innecesaria, es una medida desproporcionada, irrazonable, pero que además, pone en entredicho, cuestiona y ha interrumpido el funcionamiento normal de un órgano extra poder”, aseguró.
Asimismo, indicó que no hay una imputación formal, sino una investigación que viola principios de imparcialidad y objetividad, porque han presentado a los miembros de la Cámara de Cuentas como culpables ante la opinión pública.
“A los 10 minutos de iniciar un allanamiento que duró 12 horas, ya el magistrado Wilson Camacho estaba diciendo que hay auditorías maquilladas y ya ellos tenían prueba de eso, ¡pero por el amor de Dios!. Por eso es que en la República Dominicana no hay novedad de detectives, porque aquí el culpable lo descubren en media hora”, expresó.
