EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un estudio que expone las carencias de los hospitales públicos, realizado por Alianza por el Derecho a la Salud (Adesa) y traído a colación luego de los RD$2,000 millones prestados a las clínicas privadas por parte del Gobierno, despertó en el comunicador Elías Cornelio, la interrogante de si es necesario que el Estado se disponga a ayudar al sector más beneficiado durante la pandemia, en lugar de trabajar para mejorar las debilidades del servicio de salud estatal.
“Entonces el pueblo dominicano debe utilizar su dinero para financiar a las partes privadas de medicina; es decir, uno debe tomar sus recursos para financiar un sector que ganó muchísimo dinero con la pandemia y no te atiende si tú no tienes tú propio dinero o un seguro”, expuso.
Mientras conducía el programa “Politizando”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Cornelio aclaró que aunque no tiene nada en contra de las clínicas privadas, estas tienen la facilidad de buscar financiamiento en cualquier entidad bancaria.
(Ver declaraciones ).
Sostuvo que existen otros factores de mayor urgencia que requieren de la atención del gobierno, por lo que desde su punto de vista, este no es el momento indicado para ejecutar este tipo de acción en favor de un sector que no está tan necesitado como otros.
“No hemos visto una política fuerte con el tema agropecuario, sin embargo vemos que al sector privado que se lucró tanto en la pandemia y qué bueno, porque pudieron dar el servicio, pero no creo que el sector privado de la medicina esté en situaciones económicas vulnerables”, consideró.
El comunicador narró que el estudio levantado por la Alianza por el Derecho a la Salud (Adesa), que fue aplicado a 50 hospitales públicos de la República Dominicana, evidenció que estos tienen falta de especialistas, equipos, baja inversión estatal y limitado acceso a los medicamentos.
El análisis expuso que 33 de estos no cuentan con especialistas en cardiología, significando que el 66% de hospitales de segundo nivel, no tienen en sus nóminas a especialistas del corazón, pese a que las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de muerte en el país.
El informe contempla que la alta injerencia política crea inestabilidad en el personal. Un ejemplo de esta injerencia es que 48 de los 50 directores y directoras de los hospitales estudiados, fueron designados por el actual gobierno, mientras la participación comunitaria en la gestión de los centros sanitarios es prácticamente nula.
Un hallazgo más alentador evidencia que los hospitales municipales y provinciales tienen una capacidad promedio de hospitalización de 29 camas; de éstas, el promedio de ocupación es del 58%.
