EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La comisión de justicia de la Cámara de Diputados volverá a revisar y a estudiar el contrato de fideicomiso para administrar la termoeléctrica Punta Catalina tras los ataques que ha recibido el acuerdo después de ser aprobado hace seis días.
Así lo especificó este lunes el presidente de la comisión de justicia, diputado Alexis Jiménez, al indicar que el equipo que dirige se reunirá para estudiar el contrato de fideicomiso y verificar si existe alguna incongruencia o inconstitucionalidad en el convenio.
Tras el estudio al que se integrarán los miembros de la comisión, Jiménez agregó que el equipo entregará un informe al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, para que él, junto con el liderazgo del Congreso Nacional, analice cualquier inquietud del contrato.
Aunque el fideicomiso fue aprobado en la Cámara de Diputados y ahora debe ser autorizado en el Senado, el legislador Jiménez explicó que la comisión de justicia de la Cámara Baja puede volver a analizar el proyecto porque el Congreso es bicameral y puede trabajar en conjunto.
Además, sostuvo que, aparte de las comisiones del Congreso Nacional, el fideicomiso también debe ser revisado por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y por el mismo presidente Luis Abinader, antes de ser promulgado y ejecutado formalmente.
Asimismo, Jiménez señaló que la figura del fideicomiso «no es mala» y añadió que, contrario a lo que piensa la sociedad, la acción es parte de una ejecutoria de transparencia que lleva a cabo el Gobierno para hacer procedimientos bajo la luz de la Constitución.
«Pero si hay procedimientos constitucionales que pueden ser lesionados, entonces es un tema que debemos analizar porque es nuestro deber con el país», subrayó el congresista del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
El contrato de fideicomiso a la termoeléctrica Punta Catalina fue aprobado hace seis días en la Cámara de Diputados. Desde entonces, ha sufrido feroces ataques por parte de miembros de la sociedad civil y fundaciones jurídicas que alegan una posible privatización del bien público.
