EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los 18 directores regionales y los 120 distritales de educación procedieron con medidas cautelares ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), para que sea este el que intervenga en la decisión tomada por el ministro de Educación, Rafael Fulcar, quien los colocó en calidad de asesores desconociendo la ordenanza 24-2017 la cual establece el proceso que los colocó en el cargo.
Así lo sostuvo este jueves su representante legal, Nelfi Stapleton, quien indicó que los afectados participaron de un proceso competitivo el cual se estableció en la ordenanza 24-2017, misma que fue desconocida mediante una nueva ordenanza, 20-01, y que asegura le otorga facultad al titular del Minerd de desconocer la misma.
El abogado emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por los periodistas Luis Brito, Enrique Mota y Rafael Zapata, en el programa El Nuevo Diario AM, el cual se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.
(Ver entrevista a partir desde la hora 1:12:51).
“Con la llegada del nuevo ministro Rafael Fulcar, iniciando por un proceso de acoso de las famosas comisiones de empleo del PRM, se estableció la ordenanza 20-01 la cual le otorgaba la facultad al ministro de desconocer el proceso de ordenanza 24-2017 y poner en condición de asesores a los actuales directores regionales y distritales”, indicó el abogado.
Stapleton resaltó, que los directores regionales y distritales participaron de un proceso competitivo mediante el cual los maestros calificados podrían acceder en igualdad de oportunidades a las posiciones de los Distrito y Regionales, los cuales son el último escalafón del estatuto docente.
Asimismo, indicó que el proceso establecía que los mismos se mantendrían en sus posiciones, sujetas solo a evaluaciones de desempeño, con un contrato firmado con el MINERD hasta el año 2023.
“Desde el Ministerio se quiere plantear que como mantienen su salario no hay ninguna vulneración de derecho, y eso es falso, porque la condición de asesor no se encuentra en el estatuto docente”, refirió el abogado.
En ese orden, subrayó que quitar a las profesionales que están formados y experimentados en sus funciones, afecta profundamente el desempeño del actual año escolar.
“Su contrato laboral con el MINERD para el concurso que ellos fueron seleccionados tiene una duración hasta el año 2023, así que si el Ministerio es capaz de violentar la Constitución, la Ley General de Educación, el estatuto docente, el pacto educativo, la ordenanza y contrato laboral, qué no harán con una mera acción administrativa”, resaltó Stapleton.
