EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Tras durar dos hora y diez minutos en un interrogatorio encabezado por las autoridades de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), los abogados de Diandino Peña expresaron este miércoles que volverán a la institución «todas las veces que sean necesarias».
Peña, quien fue director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), limitó sus expresiones a su salida del interrogatorio, pero sus abogados aseguraron que está dispuesto a volver para esclarecer las investigaciones de las autoridades.
«La investigación es de naturaleza secreta y preferimos dejarlo hasta ahí sólo diciendo que estaremos compareciendo cada vez que sea pertinente», indicó de manera escueta uno de sus abogados.
Aunque la prensa insistió en conocer los motivos y detalles del interrogatorio, sus defensores se limitaron a decir que el trato «fue muy bueno» y que volverán cuando sea necesario.
A su llegada, Peña expresó que no conocía los motivos de su cita ante la PEPCA y que su invitación para interrogarlo la recibió el pasado lunes.
Cabe destacar que este exfuncionario del Estado fue destituido de su cargo en el 2017 por el entonces presidente Danilo Medina tras un reportaje que revelaba supuestas incongruencias en su declaración de patrimonio.
Asimismo, sobre el exfuncionario y sus familiares pesan acusaciones de supuesta corrupción incoadas por la Fundación Sed de Justicia en las que se señala a Peña de enriquecimiento ilícito por presuntamente manejar irregularmente la ejecución de las líneas del Metro de Santo Domingo.
Supuestamente, a su paso por la OPRET, Peña sustrajo más de 9,200 millones de pesos que fueron alegadamente manejados por testaferros y familiares del señalado.
La querella de Sed de Justicia especifica que Peña Críque, en su condición de director de la Opret, usó como cortina a 14 empresas asociadas a sus hijos, esposa, yerno, amigos íntimos para hacerse con una considerable cantidad de contratos de obras en la construcción de las líneas del Metro de Santo Domingo, violando varias leyes, incluida la Ley 340-06 de compras y contrataciones públicas, y la de administración pública .
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