EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Representantes de la Empresa Distribuidora de Electricidad El Progreso de El Limón (EPDL) afirmaron este lunes que la Superintendencia de Electricidad (SIE) aún no le ha pagado al menos RD$300 millones de subsidio que le adeuda el Estado por los servicios prestados.
Fabielys Mercedes y José Ernesto Morales, representantes de la empresa eléctrica que opera en Samaná, manifestaron que la SIE ha querido apropiarse del sector, señalando que están al borde de la quiebra.
En rueda de prensa, explicaron que la Superintendencia, que preside Rafael Velazco, desde el 2015 los obligó a aplicar una tarifa desigual, debido a que no realizaron un estudio tarifario por expertos, indicando que es una «práctica arbitraria».
Además, sostuvieron que hace siete años que la entidad ha estado aplicando de manera indirecta esta tarifa, provocando un déficit ante la compañía de capital privado.
Los ejecutivos señalaron que al principio de la actual gestión le prometieron que iban a examinar la problemática y que le iban a dar una respuesta en consonancia a las normas vigentes, pero, según ellos, se han olvidado de la situación, que está a punto de llevarlos a la quiebra.
“El Estado dispuso lo que es una tarifa social, ordenando a unas empresas del sector privado, dar subsidios, que ellos lo han querido disfrazar como ahorro de energía; la cuestión es que el Gobierno obliga a darlos, pero este no reembolsa, pero este no paga”, agregó Mercedes.
También indicó que este subsidio representa el 50 % de lo que la empresa actualmente está facturando, desde el 2015 los obligan, sin que estos hasta la fecha hayan sido reembolsado.
De su lado, Morales anunció que han sido sancionados con 50 millones de pesos, denunciando que el interés es apropiarse del comercio y manejarla a su antojo, por tal razón, han apoderado al Tribunal Superior Administrativo para encarar la situación.
Asimismo, sostuvo que tienen un contrato de concesión por 20 años con la Superintendencia de Electricidad y que hasta el momento solo tienen 10 años, señalando que armaron en su contra un proceso arbitrario.
Indicó que la SIE, con estas acciones, pretende beneficiar otras compañías generadoras, y por esa razón están persiguiendo a los ejecutivos para así anular el contrato de concesión.-
