EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La directora ejecutiva de la Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología (Comtec), Claudia García, expresó este jueves que en la República Dominicana se está permitiendo que la reventa de internet prolifere como una actividad comercial ilícita y reclamó a las autoridades tomar medidas correctivas de mediano y largo plazo, y determinar un tipo de sanción para que las grandes y pequeñas empresas de telecomunicaciones no operen en una situación de desventaja.
“Nosotros entendemos que el Indotel debe actuar, realizar los procesos administrativos para sancionar y para acabar con esta práctica ilegal porque por las dimensiones que ya ha tomado el problema, manejarlo caso por caso no va a ser eficiente”, manifestó.
García emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los periodistas Enrique Mota y Cristal Acevedo, en el programa “El Nuevo Diario AM”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, tras sostener un breve conversatorio e intercambio de ideas con Persio Maldonado Sánchez, director del periódico.
(Ver entrevista a partir del minuto 1:07:04).
Asimismo, explicó que los revendedores ilegales usan frecuencias que no están asignadas a ellos, y por la que no pagan derechos, para vender a título personal el servicio entre 30 y hasta 65 usuarios.
Indicó que tal situación se encuentra generando un efecto de congestión en las redes de las prestadoras autorizadas y que están dimensionadas para los clientes que realmente tienen un contrato con ellas.
“De esta forma se afecta no solamente a las redes porque como estás personas están en una situación de ilegalidad no pagan impuestos y el Estado deja estás importantes sumas. El sector de telecomunicaciones es la sexta actividad que más aportes fiscales hace al Estado y está operando ahora en una situación de falta de seguridad jurídica y de institucionalidad”, manifestó.
Estadísticas
García dijo que las empresas han identificado más de de cinco mil cuentas en las que hay un uso abusivo del servicio de internet, debido a que se encuentran por encima del rango de los 10 terabyte.
Precisó que esa practica ha proliferación principalmente en las grandes urbes, donde el comportamiento y la demanda del servicio, para educación, trabajo y comunicación, se ha intensificado dramáticamente por los efectos del confinamiento.
“Donde hemos identificados una proliferación de actividad es el Gran Santo Domingo, Arroyo Hondo I, Los Ríos, Pantoja, Villas Agrícolas, Hainamosa , en Santiago, en el centro de Cotuí, de Moca, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, o sea, no son lugares apartados”, indicó.
¿Qué dice la ley?
Durante la entrevista, la ejecutiva señaló que la Ley General de Telecomunicaciones, número153-98, establece que revender o prestar servicios finales sin un título habilitante es ilegal, así como conectar a las redes equipos que no estén homologados, utilizar frecuencias no asignadas y no pagar por los derechos.
De igual forma, mencionó que la Ley 53-07 de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología dice que el traspaso de facilidades contratadas es un ilícito, y la misma legislación tiene tipificado el acceso ilícito a servicio para terceros.
“Solamente en lo que va del 2021, para poder neutralizar el efecto de congestión, han invertido más de mil trescientos millones de pesos que pudieron haber sido usados para expandir en otras comunidades, han tenido que gastar ese dinero tan importante en neutralizar el efecto de la reventa ilegal”, explicó.
Solución
Ante la pregunta de cuál podría ser la solución en este caso, García consideró que la forma de resolver la problemática es atendiendo y neutralizando la forma en que la demanda puede tener acceso a los servicios de una forma legal, señalando que los revendedores se dirigen precisamente a los quintiles de la sociedad que tienen baja capacidad adquisitiva.
“Como el internet está siendo reconocido como una necesidad ya para la vida cotidiana, la interacción con el Estado, entonces si es así, entonces estás personas deberían ser beneficiadas de planes sociales en donde ellos tengan incluido como parte de su canasta básica cómo poder tener acceso al internet”, añadió.
Insistió en que las autoridades dominicanas deben restablecer la institucionalidad porque las empresas de telecomunicaciones necesitan operar bajo condiciones de seguridad jurídica, al tiempo en que resaltó que ese sector es un eje transversal de la economía, sin el cual los demás “no pueden tener los niveles de desarrollo que han tenido hasta ahora”.
“Tenemos que trabajar en restaurar esa seguridad jurídica en las que las empresas de telecomunicaciones necesitan operar para seguir cumpliendo con ese compromiso con la sociedad dominicana y poder estar alineados con los objetivos de la Agenda Digital 2030 del Estado y con la Estrategia Nacional de Desarrollo”, añadió.
