EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Máximo Castro Silverio, vocero del Bloque de diputados del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), solicitó este miércoles a la Junta Central Electoral revocar la resolución que divide el método de arrastre en unas seis provincias para el nivel de senadores.
De inmediato, la posición del PRSC fue apoyada por varios legisladores perremeístas que señalaron que el pleno de la JCE violó la Constitución al dividir dicho voto.
Castro Silverio, en rueda de prensa, consideró que la petición reformista “es una forma de que la Junta recupere su credibilidad” la cual, dijo, se ha desmejorado en las últimas semanas.
El legislador reiteró su petición en nombre del PRSC de convocar al pleno y dejar sin efecto la resolución que distribuye el arrastre, a fin de eliminarlo.
“Que inicien el proceso de revisión de todas las juntas municipales del país tomando en cuenta la posición planteada y denunciada por el Partido Reformista que el 90 por ciento de los funcionarios nombrados en la Junta no sean miembros del PLD ni empleados del gobierno”, manifestó.
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Máximo Castro Silverio advirtió que ellos no serán parte del reparto en los nombramientos de los funcionarios que sean asignados en la dirección de cada institución municipal y nombrar personas independientes. “La junta debe mostrar su independencia”, indicó.
En tanto que Ulises Rodríguez del PRM, opinó que la decisión de la JCE “es peligrosa”, al tiempo que recomendó “caminar con mucho cuidado al tomar decisiones como esa del arrastre que tiene gran impacto en la sociedad, escoger seis provincias para mantener el arrastre y 26 no, con intento de complacer a todo el mundo debe ser rechazado y serán ellos los responsables de perder su credibilidad”.
La diputada perremeísta Josefa Castillo dijo que esa decisión es rechazada y que no debe ser aceptada porque estaría marcando una situación muy difícil para la gobernabilidad; reiterando que habría que establecer un antes y un después “en violación a derechos fundamentales”.
De su lado, el congresista Ramón Bueno indicó que “es la sociedad dominicana quien ha cuestionado la decisión de la Junta, eso no puede ser aceptado; una ley no puede ser para una cosa y para otra no, eso fue un exabrupto, no fue casual y cuando llegue al Tribunal Constitucional tiene que ser rechazado”.
