EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Ramón Núñez y Miguel Valerio, abogados del Consejo Unificado de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) aseguraron que los hechos que se narran en la querella interpuesta por el Estado contra 20 personas ligadas a la Corporación y a las empresas distribuidoras de electricidad (EDES), no se hizo sobre la base de afirmaciones alegres y que el Ministerio Público investigará profundamente.
“Ya esa querella con constitución en actor civil permite y abre el camino para que el Ministerio Público lleve a cabo actividades de investigación más profunda que nosotros, estamos convencidos que van a comprobar que estamos frente a hechos que tienen la mayor relevancia penal”, manifestó Núñez.
Los abogados emitieron sus comentarios durante una entrevista realizada por el comunicador Holi Matos, en el programa En el foco, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.
(Ver entrevista a partir del minuto 04:02).
Al referirse a las declaraciones del exvicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Jiménez Bichara, sobre que la institución no tenía presupuesto, ni la capacidad de hacer grandes compras, Núñez aseguró que lo expresado por el exfuncionario no se corresponde por la verdad.
“Todo lo que tiene que ver con el uso de fondos, con financiamiento internacional se realizaba a través de la CDEEE de modo que el propio señor Jiménez Bichara participa con su firma en esos contratos”, agregó Núñez.
Como prueba de que encontraron prácticas irregulares, Núñez señaló que el Banco Europeo de Inversión (BEI) comunicó la no extensión de facilidades crediticias y la existencia de una investigación sobre prácticas corruptas en el campo de las compras y licitaciones en el sector eléctrico.
“Cómo es posible que un contratista de las EDES en una determinada fecha compre un producto a $5 mil pesos y en esa misma fecha otro contratista con esos mismos fondos los compre a $12 mil pesos, ya eso muestra que algo raro está pasando”, añadió Núñez.
De su parte, Miguel Valerio agregó que los hechos que se narran en esa querella son perfectamente defendibles, indicando que “lo que están hablando son las evidencias y los documentos, aquí no nos hemos inventado nada”.
Al ser preguntados sobre si sus acciones tendrían valor sin haberse realizado una auditoría de la Cámara de Cuentas, Valerio respondió “que los hechos punibles se determinan por cualquier prueba y por eso la Contraloría y un auditor forense que designe el Ministerio Público en la fase de investigación, pueden perfectamente iniciar el proceso penal”.
“Y más aún, los documentos son tan contundentes que la auditoría prácticamente sobraría porque aquí estamos hablando de evidencias que van más allá de un simple contrato”, dijo Valerio.
