EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La exdirectora de Compras y Contrataciones Públicas, Yokasta Guzmán, acudió este viernes a la Procuraduría General de la República (PGR) para ser interrogada por su gestión y allí, su abogado, Carlos Balcácer, aseguró que Berlinesa Franco, cuando estuvo al frente del Instituto de Atención a la Primera Infancia (INAIPI), adjudicó contratos supuestamente irregulares por más de $40 millones de pesos.
La irregularidad en los contratos, según el jurista, se debe a que los mismos fueron declarados de emergencia producto de la pandemia del COVID-19 sin un decreto que los avale. Balcácer sostuvo que el expresidente Danilo Medina emitió el decreto 144-20, del día 2 de abril, donde se autorizaban todas las compras como procesos de emergencia, sin embargo, bajo la gestión de Berlinesa, el INAIPI firmó contratos antes de esa fecha sin licitación pública (grado a grado) y sin autorización del decreto gubernamental.
Aunque no especificó el proceso al que hizo referencia, sostuvo que la actual encargada jurídica del Inaipi recibe constantes intimaciones de pago, con amenazas de alguaciles, por los más de $40 millones de pesos del proceso que fue contratado y al que califica como «irregular».
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«Ellos empezaron a hacer gestiones de compras de emergencia para instrumentos e insumos antes que saliera el decreto. Eso era bajo el mando de Berlinesa y ella debió referirse a eso en su interrogatorio con la Fiscalía, pero se lo guardó», denunció el abogado.
Ante las supuestas intimaciones que recibe el departamento jurídico del Inaipi, según Balcácer, los funcionarios de la institución han respondido que no pagarán esos contratos firmados por Berlinesa Franco porque en el momento que fueron autorizados, no estaban permitidos.
Producto de estos contratos presuntamente ilícitos, la exdirectora de Compras puntualizó que la institución que dirigió le advirtió al Inaipi sobre la irregularidad en el proceso contratado y le sugirió acompañamiento para las compras.
Asimismo, explicó que la Dirección de Compras «no es responsable» de los procesos en las instituciones y reiteró que su función es dar asesoría a las direcciones y ministerios.
Guzmán refirió un ejemplo de asesoría con el Plan Social de la Presidencia cuando la institución lanzó un proceso que comprendía más de $1,700 millones de pesos y se declaró como procedimiento de emergencia. Según explicó la extitular, este proceso fue cancelado porque la Dirección de Compras advirtió mediante correos electrónicos y comunicaciones los detalles de supuestas falencias.
«Con esto queremos dejar ver que no era sólo una situación particular con el Inaipi, sino que era parte del monitoreo que hacíamos de todos los procedimientos», afirmó Guzmán.
