EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Según el abogado César Amadeo Peralta, el pasado director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), general Juan Carlos Torres Robiou, tendría algo que ver con un caso de expropiación en perjuicio de un señor en Puerto Plata. (Torres Robiou fue enviado a prisión preventiva por el sonado caso Coral 5G.)
En visita a este medio, Peralta apunta que al señor Ramón Reynoso lo despojaron de su casa en Puerto Plata para «cedérsela» a Torres Robiou. El despojo se habría producido en complicidad con miembros locales de Catastro y del Cestur en la región y en Puerto Plata.
Sin embargo, -siempre de acuerdo al jurista citado-, estalló el escándalo al saberse que el general se apoderaría de la propiedad, y entonces «simularon» que esa vivienda era dizque alquilada para instalar un destacamento del Cestur.
Así pues, tuvieron que tumbar la maniobra, que «no estaba autorizada por los ministros de Defensa y de Interior y Policía, ni por el director de la PN», y además la casa está «en una montaña, lejos de la ciudad».
«Al final de cuentas, tampoco instalaron el destacamento, porque todo era un fraude; aparte de eso, los miembros de la Policía Turística mantenían en constante zozobra a muchas personas que tenían sus propiedad; nadie allá podía pegar un block ni levantar una pared, porque inmediatamente Politur llegaba, porque eran miembros de la misma banda», aporta Peralta.
¿Una mafia poderosa?
El abogado lleva más de 15 años denunciando que una «mafia» engaña, despoja y se traga propiedades en Puerto Plata. A él mismo trataron de embromarlo cogiéndole su propiedad. Después que no pudieron con él, la emprendieron contra sus vecinos, queriendo apoderarse de esas propiedades también.
Desde entonces ha vivido un viacrucis judicial en los tribunales, en una larga batalla jurídica -y hasta penal. Es más: en 2005 un juez ordenó prisión contra él, solo porque depositó su defensa fuera del plazo de ley.
Quince años después -hace unos meses- otro juez ratificó esa sentencia penal para mandarlo tras las rejas. Pero Peralta, con la llave del candado judicial, se ha escabullido y anda libre y suelto, y su caso ha puesto sobreaviso a los mismos magistrados.
En efecto, los jueces ahora le hacen caso, atienden sus alegatos y han disparado la alerta, al percatarse de que fueron timados y burlados por la presunta banda que falsifica documentos, inventa testigos, revive difuntos y hace otras mañas para cometer sus fechorías.
Con un arsenal de documentos en manos, el abogado detalla el modus operandi de la mafia: hacen declaraciones de herederos falsos y deslindes fraudulentos para obtener títulos de propiedad igualmente amañados.
Los papeles que muestra establecen que, por disposición de la Procuraduría General de la República, miembros del Codia trabajaron el área en disputa y determinaron que «los deslindes realizados por el agrimensor Segundo Antonio Brito Marte, todos tienen una connotación de ser deslindes fraudulentos».
Los informes de esos técnicos fueron remitidos la Pepca y su titular, Wilson Camacho.
El caso está bajo investigación, y el abogado no descarta que pronto haya una operación judicial al respecto.
Denuncia de difamación
Peralta afirma que dos colegas suyos lo están difamando e injuriando a través de redes sociales y no decarta demandarlos por esa supuesta práctica que lacera su honra y reputación.
Es más, él está convencido de que uno de esos dos detractores es el cerebro jurídico de la presunta mafia que devora propiedades ajenas y despoja de sus propiedades a familias en Puerto Plata.
«En su momento estamos preparando toda la información adecuada para todo el que me haya difamado y haya atentado contra mi honra tendrá que pagarlo en los tribunales. Eso yo se lo prometo», manifiesta.
El jurista reitera que hay una embestida de persecución, descrédito y campaña sucia en su contra, para que no siga denunciando los desmanes del grupo en cuestión
