EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los imputados en Calamar que permanecen recluido en el Centro de Atención y Privación de Libertad de Ciudad Nueva desde el pasado domingo, solo pueden comunicarse con sus abogados titulares, y los familiares a través de mensajes en papel.
El padre de una de las acusadas, identificada como Yahaira Brito, explicó que no le permiten pasar a verla y que solo puede escribir en un papel para que los agentes policiales que custodian esa cárcel provisional lleven el mensaje a su pariente.
El señor, que no ofreció su nombre, dijo que la acusada tiene dos hijos, uno que sufre de epilepsia e indicó que este se encuentra muy preocupado por su madre.
“Ellos fueron allá e hicieron un allanamiento, esos muchachos están muy atormentados. Mi hija no sabe nada de eso, a ella la arrastraron y yo estoy seguro de eso, ella por confianza accedió”, manifestó el señor, compungido.
En ese sentido, expuso que su hija admitió que firmó, pero que no sabía de qué se trataba.
“Si usted va a la casa donde ella vive, se dará cuenta por las condiciones en la que vive que no tiene nada que ver, porque están diciendo que es de muchos millones, vaya a la casa y verá, porque no se le nota lo que tiene, ¿será que la usaron?”, reiteró el hombre.
En el caso de corrupción administrativa hay tres exministros del pasado Gobierno como: Gonzalo Castillo, Donald Guerrero Ortiz y José Ramón Peralta, junto a 17 personas más.
La defensora del exdirector de Consejo Estatal del Azúcar, Luis Miguel Piccirillo, denunció que pese a ser parte de la barra de defensa no la dejaron entrar al lugar, porque no es la abogada titular.
La abogada Lisandra Encarnación, sostuvo que los agentes sólo dejan pasar al letrado/a que está en la lista, indicando que no están dejando pasar absolutamente a nadie, aunque sean de la misma oficina.
“Es un nuevo protocolo, y según ellos es por disposición de la magistrada (Miriam Germán Brito), aunque los abogados dieron calidades ayer, hoy no lo dejan pasar, todo esta muy restringido”, indicó la letrada.
El grupo es acusado de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros, según el Ministerio Público.
Además, de distraer del Estado, a través de varias instituciones públicas, más de 19 mil millones de pesos.
