EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños, dijo que la Constitución no establece la inmunidad de procesamiento para los legisladores y que por esa razón se les puede imponer la medida, sin embargo, aclaró que no puede ser ejecutada hasta que el Congreso no les quite el fuero parlamentario o concluya la legislatura.
En ese sentido consideró que se ajusta al ordenamiento constitucional la medida de coerción impuesta a los senadores Julio César Valentín, de Santiago, Tommy Galán, de San Cristóbal y al diputado del Distrito Nacional, Alfredo Pacheco.
“Ahora bien la Constitución no estableció la inmunidad de procesamiento. Es por esto que se puede imponer la medida, mas no ejecutarse, hasta tanto el Congreso quite el fuero parlamentario al legislador, o concluya la legislatura”, explicó Castaños.
El juez de la Suprema Corte de Justicia Francisco Ortega impuso a los legisladores impedimento de salida del país y una garantía económica de cinco millones de pesos, luego de que fueran sometidos por el Ministerio Público imputados de recibir sobornos de Odebrecht.
Castaños argumentó que la inmunidad establecida en la Constitución no establece una derogación de la obligación de responder por sus actos, sino que es una posposición a dicha obligación.
“La inmunidad tiene aplicación actual, en tanto el sujeto siga ostentado el cargo que lo hace inmune, sólo pudiendo ser perseguido y detenido o por levantamiento de la inmunidad o al concluir la legislatura”, enfatizó.
