EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un análisis del Observatorio Político Dominicano (OPD), entidad adscrita a la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), sustenta que el vertedero de Duquesa representa “altos costos” para el Estado del país, por lo que los ayuntamientos necesitan realizar “una fuerte inversión económica” que permita la clausura del lugar.
La investigación titulada “Los desafíos en la gestión de los residuos sólidos de cara a Dominicana Limpia”, autoría del coordinador de la Unidad de Gobierno Local (UGL) del OPD-FUNGLODE, Natanael Disla, plantea que debido a esta problemática de gastos se hace imposible que una comisión tripartita (gobierno, empleadores y trabajadores) pueda administrar con eficacia sostenida en el tiempo dicho vertedero: “El costo de la disposición final por tonelada oscila entre los 17.10 y 20.43 dólares; sin embargo, según el Ministerio de Medio Ambiente, los ayuntamientos pagan un monto mucho menor: alrededor de 3 dólares por tonelada, en el caso del Distrito Nacional, que es la alcaldía que tiene la tasa más alta”, relata el estudio.
Disla manifiesta que puede deducirse que el vertedero de Duquesa opera sin ningún control para mitigar los efectos del biogás, los lixiviados y los malos olores, un hecho que evidencia un profundo problema que afecta la salud de los habitantes del Gran Santo Domingo, refiriéndose además a datos de las mancomunidades que arrojan que la capacitación del personal de los ayuntamientos en materia de residuos sólidos urbanos, apenas alcanza un 26.7% de la empleomanía.
El documento recalca que el factor económico influye en la tecnificación y mejoría de la gestión de residuos sólidos en el país. “La compactación de los desechos, su posterior disposición en capas y celdas, asegura que el vertedero esté organizado y no represente contaminación visual y paisajística”, indica.
Al respecto, Disla indicó que en el Gran Santo Domingo se producen diariamente unas 3,797 toneladas de basuras; y que existen 358 vertederos, uno por cada 135 kilómetros cuadrados. De estos lugares, el 66 % está ubicado en terrenos aptos para la agricultura; el 60 % ocupa zonas de alta importancia hidrológica y más del 97% es a cielo abierto, sin contar con procesos de compactación y tratamiento de lixiviados.
La investigación sostiene que las municipalidades en la gestión de residuos sólidos pueden ser eficaces en la medida en que los espacios de disposición final sean administrados por personal capacitado, los equipos estén en buen estado y con su mantenimiento al día, y las operaciones diarias se mantengan en un óptimo nivel: “El vertedero de Duquesa fue en sus inicios un relleno sanitario que terminó convertido en un botadero”.
Dominicana Limpia
En el estudio del OPD-Funglode, Disla expresa que “se requiere de una acción urgente desde el Gobierno Central para buscar otro sitio de disposición final”, citando al proyecto “Dominicana Limpia”, el cual permitirá que las alcaldías tengan que establecer centros de acopio que se encargarían de clasificar los desechos y prepararlos para su posterior aprovechamiento o reciclaje.
De acuerdo con el informe, el servicio de recolección será cobrado a la ciudadanía junto a la factura de la energía eléctrica. De igual manera, para que pueda descongestionarse el proceso de clasificación y pesado, se propone instalar seis nuevas estaciones de transferencia y ampliar la ubicada en el barrio capitalino de Villas Agrícolas.
Problemática
En la investigación, Disla menciona el caso del 27 de septiembre pasado, donde el Tribunal Superior Administrativo (TSA) otorgó el manejo provisional del vertedero de Duquesa a una comisión tripartita compuesta por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA), el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte (ASDN), con lo que a Lajún Corporation, la compañía que dirigía el botadero, se le despoja de la administración del lugar, hasta tanto se conozca un recurso de nulidad del contrato entre las partes.
El Tribunal justificó la sentencia alegando que existe una compulsa notarial sobre los lixiviados asociados al botadero, así como una declaratoria de emergencia sanitaria y ambiental declarada por el Ministerio de Medio Ambiente.
