Corría el año 2002 cuando el entonces presidente Hipólito Mejía impulsó la reforma constitucional para restablecer la reelección y poder presentarse como candidato a la presidencia de la República por un nuevo período.
Recordamos el malestar que se produjo hacia lo interno del partido blanco, en ese momento, por la decisión tomada a capa y espada por el grupo gobernante.
La sociedad y los militantes perredeístas percibieron este hecho como una traición a la memoria del doctor Jose F. Peña Gómez quien se caracterizó por levantar la bandera anti reeleccionista siempre.
El cúmulo de todo esto y el descalabro nacional que a partir del anuncio de una reelección por el oficialismo se produjo por el abuso de los recursos del Estado como siempre se ha denunciado, trajo como consecuencia que Hipólito Mejía y el PRD salieran del Palacio Nacional el en el 2004.
Mejía resultó vencido por el ex presidente Leonel Fernández y las fuerzas aliadas concentradas en el Bloque Progresista en las elecciones del año 2004, en una contundente primera vuelta.
Hatuey Decamps decide formar tienda aparte con su partido del toro.
La ruptura con los grupos convencionales y sus principales figuras emblemáticas, los condujo rumbo a un proceso de crisis permanente que culminó con una nueva división, esta vez de la mano de Luis Abinader y el propio Mejía, fundando el PRM y dejando en manos de Miguel Vargas la franquicia perredeísta, hoy aliado al gobierno.
Desde entonces, los revolucionarios –blancos y modernos- no han hecho otra cosa que aliarse con otros partidos políticos minoritarios cada uno por su cuenta. Divididos no han concitado las fuerzas necesarias ni la intención de votos suficientes que los lleve a presentar un verdadero proyecto de nación que los devuelva al poder.
Es ese y no otro, el resultado de la obsesión por imponer criterios irracionales que van en contra de lo legal y constitucionalmente establecido.
Es propicia la ocasión para recordar esos eventos, dado el empeño de algunos en insistir con apoderar al Tribunal Constitucional para que decida sobre la constitucionalidad de la misma Constitución.
Tratar de eliminar el transitorio constitucional, de por sí categórico, que prohíbe una nueva reelección presidencial, sería violar igualmente los acuerdos ya pactados y podría conducir al país por senderos de ingobernabilidad.
Tenemos suficiente con el reciente paso de Beryl, quien desnudó una buena parte de nuestras miserias citadinas que no rurales; y la falta de control en la indiscriminada migración haitiana y la inseguridad ciudadana, solo por mencionar dos o tres de los tantos que nos agobian, para colocar en el tapete otro peor como es el de afectar aunque sea con una coma a la Constitución.
Sería un crimen nacional. No lo merecemos.
Aboquémonos a mantener el equilibrio de las fuerzas por el bien de todos los que vivimos en esta isla de Dios.
Por : Clemencia García Damirón