Venezuela, país al que incorrectamente llaman “rico” en vez de “potencialmente rico”, por sus grandes reservas de petróleo, deficientemente explotadas, hace décadas que está siendo gobernado por partidos de orientación izquierdista, cuyos gobiernos han dirigido el país basándose en políticas económicas que tienen como norte el centralismo de estado y el asistencialismo populista como herramienta clientelar.
Esas políticas contrarias al libre mercado, fueron aplicadas desde los gobiernos democráticos iniciados por Rómulo Betancourt, luego de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez hasta la fecha, que han sido radicalizadas por un gobierno mas radicalmente a la izquierda que es el caso de este régimen chavista instaurado en 1999, por el difunto ex teniente coronel, Hugo Chávez Frías y actualmente dirigido por Nicolás Maduro.
Ha sido evidente el deterioro gradualmente continuo de la situación económica de Venezuela, desde Rómulo Betancourt, pasando por Rafael Calderas, Carlos Andrés Pérez, entre otros, hasta el gobierno del polémico “comandante Hugo Chávez”, en cuyo régimen y el de su sucesor, se ha incrementado el deterioro, hasta convertirse en una grave crisis de gigantescas proporciones.
Y es que al radicalizarse aún mas las políticas populistas y violentar de forma continua y radical las reglas de juego del libre mercado, a través de confiscaciones de las empresas productivas y comerciales, controles de precios y monetario, de las importaciones entre otras dañinas medidas anti económicas y desestabilizadoras, no podíamos esperar otra cosa que no sea el penoso espectáculo que perplejos contemplamos.
Y para añadir fuego a la hoguera, el gobierno Chavista desde sus inicios comenzó el desmantelamiento progresivo de la independencia de los poderes institucionales, con lo que hoy tiene cercada y neutralizada a la oposición política, obstruyendo el congreso unicameral (Asamblea Nacional) ganado por ella en las elecciones de diciembre de 2015.
El último zarpazo de la dictadura a la institucionalidad lanzado contra la Asamblea Nacional fue ejecutado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en marzo pasado al eliminar de un plumazo sus facultades y atribuirse sus funciones, lo que fue denunciado como un golpe de estado. Esto ha deteriorado aún mas el precario estado de derecho, por lo que la oposición ha llamado prácticamente a la desobediencia civil a través de continuas movilizaciones que no han cesado desde hace un mes y donde han muerto unas treinta personas.
La situación ha llevado a la OEA a llamar a una reunión de urgencia a todos los países miembros, lo que ha encolerizado al régimen de Maduro que ha decidido sacar a Venezuela de esa organización regional… La situación “pica y se extiende”.