EL NUEVO DIARIO, CARACAS (AP) — La canciller venezolana afirmó el miércoles que la sanción por narcotráfico que el Departamento del Tesoro aplicó al vicepresidente Tareck El Aissami busca justificar la intervención de Venezuela y sostuvo que el país no reconocerá esa medida, que ha vuelto a tensar la difícil relación entre Caracas y Washington.
El anuncio de Delcy Rodríguez se produjo luego de que la funcionaria entregara al encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Caracas dos notas de protesta.
En conferencia de prensa la canciller sostuvo que "no son más que procesos para justificar intervenciones a los países… En este caso es la justificación a la intervención de Venezuela promovida por factores de la oposición".
Al ser consultada sobre cuál sería la respuesta de Venezuela si el gobierno de Donald Trump no ofrece excusas y se rectifica, tal como exigió el presidente Nicolás Maduro, la canciller evitó pronunciarse pero instó a la nueva administración estadounidense a que establezca relaciones de respeto con Caracas.
Rodríguez también cuestionó la actuación de la embajada de Estados Unidos y afirmó que se comporta como una "maquinaria de guerra" y que el encargado de negocios ofrece apoyo a los "factores violentos".
La sanción a El Aissami implica la anulación de su visa, la confiscación de sus propiedades en Estados Unidos y la prohibición de realizar transacciones financieras o comerciales con instituciones de ese país.
Con el vicepresidente suman a nueve las figuras del oficialismo -incluidos altos funcionarios, gobernadores, congresistas y militares retirados- que han sido objeto de sanciones por parte de Washington por vínculos con el narcotráfico.
Las autoridades estadounidenses no han ofrecido hasta el momento comentarios sobre las notas de protesta.
La sanción del gobierno de Trump es la primera medida contra funcionarios venezolanos desde que en 2014 su predecesor Barack Obama suspendió visas y congeló activos pertenecientes a funcionarios acusados de perpetrar actos de corrupción y violar derechos humanos.
El Aissami, una de las figuras más radicales del gobierno, asumió la vicepresidencia a inicios del mes pasado tras gobernar por cuatro años el estado central de Aragua.
El Departamento del Tesoro lo acusó de facilitar el envío de drogas desde Venezuela a través del control de los aviones y las rutas aéreas e indicó que poseía múltiples cargamentos de estupefacientes, algunos de los cuales tenían como destino México y Estados Unidos.
Washington también designó como narcotraficante al venezolano Samark José López Bello, quien fue identificado como un prestanombres del vicepresidente. López Bello negó las acusaciones.
El Departamento del Tesoro publicó en su página de internet que aplicará sanciones a 13 empresas controladas por López Bello y otros allegados que supuestamente conforman una red internacional desplegada por las Islas Vírgenes, Panamá, el Reino Unido, Estados Unidos y Venezuela.
