EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, varió este lunes la medida de coerción de prisión preventiva al imputado en el caso Coral, José Alejandro Montero Cruz, por una garantía económica de cinco millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida.
La magistrada Yanibel Rivas, quien es la apoderada de conocer el caso, acogió la solicitud del abogado del encartado, Félix Portes, argumentando que el Ministerio Público dejó fuera a su representado de la calificación jurídica de asociación de malhechores.
Mientras, que el órgano persecutor aseguró que el implicado en corrupción administrativa podría enfrentar una condena de 10 a 20 años de prisión, tras los presupuestos del togado, la jueza varió la medida.
La audiencia que se conocía desde las 10 de la mañana a puertas cerradas y que terminó pasadas las cuatro de la tarde, también había otro acusado en el caso identificado como Pedro Roberto Castillo.
Este imputado, solicitó a través de su barra de defensa que lo excluyeran del expediente acusatorio, pero el fallo se reservó para este jueves a partir de las diez de la mañana.
Se recuerda que caso Coral y Coral 5, hay 48 personas físicas y jurídicas (incluyendo iglesias) imputadas, son parte de una misma red y por eso el órgano fiscalizador solicitó que sean fusionados los dos casos de corrupción para que sean conocidos juntos.
De acuerdo a la acusación formal contra el grupo, los integrantes de la red Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos y más de 2,000 millones fueron invertidos en bienes e inmuebles.
Asimismo, a los imputados se le acusa de incurrir en asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
La red criminal desmantelada con la Operación Coral desarrollaba sus actividades delictivas en el Cusep y Cestur, principalmente con el abultamiento de la nómina. Durante las pesquisas, el Ministerio Público descubrió que el coronel Rafael Núñez de Aza también fungió como director financiero del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), a pesar de que no aparecía en los registros públicos.
