Vacuna opcional y prevención de salud en el centro de trabajo

Por Francisco Cabrera Mata lunes 1 de marzo, 2021

La buena nueva ha llegado, comenzó el proceso de vacunación para prevenir la Covid 19. Desde la OMS se ha recomendado que sea voluntario, esquema asumido por el señor presidente para ser seguido en nuestro país. Pero, el asunto no lo descifra un gesto presidencial; pues, por solo citar un caso, al colocar en un lado de la balanza la libertad para rechazarla y en el otro la garantía de un lugar de trabajo libre de riesgo ocupacional, lo último parece pesar más. De modo que, el trabajador que  haya decidido ser parte de la resistencia a la vacuna, podría incurrir en falta grave y ver comprometida su responsabilidad.

Es que, de ordinario, el ambiente laboral tiene que ser sano y seguro; por tanto, incompatible con la exposición a riesgos ocupacionales. Con esto, no solo se protege la vida del trabajador en forma aislada, sino de la comunidad de trabajadores que allí converge y la de los destinatarios del servicio a prestar o del producto a elaborar. Para ello, el empleador lleva el deber ético y legal de garantizar que el espacio que acoge a sus subordinados esté libre de toda amenaza sanitaria. Esto supone articular prácticas orientadas tanto a eliminar el peligro como a excluir la fuente que lo produce.

A todo esto, aun cuando frente al Estado, los propios trabajadores y la clientela, el empleador sea el garante del cumplimiento de las medidas fijadas hacia esos fines, obedecerlas compete a todos. En eso, el trabajador debe respetar y acatar las directrices que al efecto pauten el empleador y las autoridades. De ahí que, no se trata de un simple deber de colaboración, es una obligación razonable que resulta de la ley y, consecuentemente, del contrato de trabajo; incluso, éste tendría derecho de interrumpir la actividad y abandonar el espacio si la prevención es insuficiente o tan laxa que haga suponer que allí sobrevive algún riesgo.

Como se puede apreciar, estamos ante una mezcla de la obligación del trabajador de observar rigurosamente las medidas preventivas exigidas por la ley, las  autoridades y la empresa a favor de la salud de él y de sus compañeros de labores o de los lugares donde trabaja, con la del empleador de mantener el espacio en las condiciones exigidas por las disposiciones sanitarias. Sencillo, es en el lugar donde se labora que el asalariado gasta la mayor parte del período activo del día.

Con esto se busca que las personas que participan en el proceso productivo tengan a su alcance la protección constitucional de la salud en el ámbito de trabajo, la que se vería seriamente comprometida cuando uno de los suyos pretende sembrar la libre autodeterminación como derecho no regulable. En consecuencia, el tema encamina a la subordinación circunstancial de unos derechos frente a otros de la misma naturaleza jurídica que el entorno laboral multiplica y cuya garantía, de no tener lugar la preferencia a favor de un lugar libre de amenazas contra la salud, quedaría en condiciones de extrema vulnerabilidad.

De esta forma, seguir las pautas sanitarias fijadas para la prevención se eleva a condición implícita para poder participar del lugar de trabajo junto a otros que, en caso contrario, estarían bajo amenaza injusta de contagio. Dado que los derechos fundamentales no son absolutos, lo dicho justifica los supuestos de intervención de los poderes públicos en materia de seguridad y salud en el trabajo, a fin de que puedan introducirse directamente límites a algunos derechos con el objetivo de proteger otros que vienen a superponerse a aquéllos[1]. Aunque crear conciencia de la importancia de proteger la salud de los trabajadores del riesgo de adquirir algunas enfermedades transmisibles también aporta, ello no ha sido suficiente.

Por eso, las políticas públicas de vacunación que desde unos años han estado asentadas en el principio de autonomía, encuentran excepción en el caso de epidemia, puesto que las vacunas responden al doble fin de evitar daños al individuo y proteger salud colectiva[2]. De suerte que, en su vida particular la persona podrá construir excusas jurídicas para evadir la inoculación, pero en el contexto de la relación de trabajo, su condición de trabajador le impone deberes y obligaciones que se inspiran en el ambiente sanitario de la comunidad de derechos llamada empresa, donde convergen otras personas y la gestión del negocio cuenta con trabajadores que para mantenerse sanos no desafíen el peligro.

Entretanto, al vacunar a la población laboral evitamos los riesgos ocupacionales, el ausentismo al trabajo, protegemos a los trabajadores con comorbilidades del riesgo de padecer determinadas enfermedades transmisibles y que un trabajador sea fuente de contagio para otro y de su familia[3]. Así, la recomendación de la OMS y la aclaración hecha por el señor presidente, respecto a la voluntariedad, no son derogatorias de la norma que en materia de salud rige para los espacios sometidos a reglas especiales y tradicionalmente aceptadas como razonables. No es trabajo decente el que se ejecuta en condiciones que no garantizan la salud en el lugar de la prestación del servicio[4].

Entonces, el debate de si la vacunación obligatoria para prevenir la Covid 19 vulnera alguno de los derechos fundamentales, como el de la integridad física y de la autonomía de la voluntad, no debe  ignorar que la salud pública es un bien jurídico que, en la medida que su afectación pone en riesgo a los demás, legitimaría la restricción de aquellos. No en vano se estima que para prevenir enfermedades inmunizables, vacunar es la manera más efectiva en el ámbito laboral[5]. Luego, ante la pandemia, en vez de disminuir acciones de esta naturaleza, reforzarlas parece un imperativo inexcusable; pues, a falta de otra vía que ofrezca inmunización, la vacuna en los centros de trabajo deja de ser opcional.

 

[1] ORTEGA, Santiago González. La seguridad e higiene en el trabajo en la Constitución. Revista de Política Social, 1979, no 121, p. 199. Disponible en:  Dialnet-LaSeguridadEHigieneEnElTrabajoEnLaConstitucion-2493892.pdf

[2] DE MONTALVO JÄÄSKELÄINEN, Federico. Una nueva mirada desde Austria y España a la vacunación obligatoria. 2016.

[3] MORENO, Gabriela; VILLENA, Rodolfo. Vacunas en salud laboral, una oportunidad para prevenir e invertir en salud. Revista Médica Clínica Las Condes, 2020, vol. 31, no 3, p. 287-303.Disponible en: Vacunas en salud laboral… una oportunidad para prevenir e invertir en salud – ScienceDirect

[4] SEGOVIA, Amparo Merino. Promoción de la seguridad y salud en los lugares de trabajo. Medidas de participación e intervención colectiva. Diritto della sicurezza sul lavoro, 2020, no 1, p. 79-95. Disponible en: 2191-9077-1-PB.pdf

[5] MONSALVE, María Evelyn. Vacunación en el ambiente laboral. Vacunación del Adulto, 2015, p. 93. Disponible en: Maquetación 1 (medicinapreventiva.info) 

 

Por Francisco Cabrera Mata

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