Uso de suelo: Facultad de las alcaldías o de los concejos municipales?

Por Giancarlo Vega viernes 17 de mayo, 2019

ARTÍCULOS ANTERIORES

Giancarlo Vega Giancarlo Vega

En ocasión del recurso de revisión constitucional, en materia de amparo, interpuesto por el ayuntamiento del municipio de Higuey contra sentencia dictada por la Cámara Civil y Comercial del Distrito Judicial de la provincia La Altagracia, la cual ordenaba a la alcaldesa de dicho territorio responder a una solicitud de autorización de uso de suelo para la instalación de una estación de expendio de combustibles, el Tribunal Constitucional emitió la sentencia TC/0296/16, de fecha 18 del mes de julio del año 2016, determinando que la potestad de otorgar permisos de esa naturaleza corresponde a los concejos municipales. En contraposición a lo dispuesto en el cuerpo de la referida decisión, entendemos que dicha atribución, que erróneamente pretende atribuirse a los cuerpos legislativos de los gobiernos locales, se encuentra dentro del ámbito de las facultades que el ordenamiento jurídico le confiere a las  administraciones municipales, motivo por el cual, la mencionada decisión representa una clara contradicción con el mandato de la misma Ley No. 176-07, sobre este particular, así como de la propia Carta Sustantiva dominicana.

En el cuerpo de la referida decisión, el Tribunal Constitucional establece que “De la lectura del supraindicado artículo queda claramente establecido que, tal como lo arguye la parte recurrente, el tribunal a-quo hizo una mala interpretación de la ley y del precedente de este tribunal (TC/0152/13), ya que es una facultad del Concejo de Regidores la aprobación de uso de suelo, y no de la Alcaldía”.

Contrario a la tesis sostenida por el Tribunal Constitucional, la propia Ley No. 176-07, dispone en su artículo 52, que el concejo municipal es el órgano colegiado del ayuntamiento, su rol es estrictamente normativo y de fiscalización, y en modo alguno ejerce labores administrativas y ejecutivas…  Si bien el inciso c) del referido artículo, establece que dentro de sus competencias se encuentra  ¨la aprobación de 1os planes de desarrollo operativos anuales y demás instrumentos de ordenamiento del territorio, uso de suelo y edificación, que presentara la sindicatura”, esto en modo alguno implica que la labor ejecutiva de administración, así como también del cobro de los correspondientes arbitrios, sea una función que le corresponda al Concejo Municipal.

Procede detenernos un poco en la prohibición de ejercicio de los roles administrativos y ejecutivos que recae sobre los concejos municipales. Es obvia la intención del legislador de replicar en modo funcional y adaptado a los gobiernos locales, una estructura similar a la del gobierno nacional: (i) de un lado un cuerpo legislativo y de fiscalización de las actuaciones del ejecutivo como el Congreso Nacional, y (ii) un órgano ejecutivo, que basado en las normas dictadas por el ente anterior, gestione y administre la cosa pública bajo esos parámetros.  Indudablemente el otorgar permisos de uso de suelo y dar respuesta a cada solicitud que fuese realizada por una persona en el ámbito de un territorio, implica una labor ejecutiva y de gestión.

En ese orden de ideas, el artículo 126 de la precitada norma, define como un objetivo central de las oficinas de planeamiento urbano, las cuales, por su naturaleza forman parte estructural de las alcaldías municipales, entre otras funciones, la de regular y gestionar el uso de suelo.

De la simple lectura de los artículos antes mencionados, se advierte que los concejos de regidores, si bien son los encargados de reglamentar, mediante normativas y ordenanzas, y fiscalizar el debido funcionamiento del Distrito Nacional y los municipios, e incluso de la aprobación de planes sobre uso de suelo a ser presentados por las alcaldías, no así de administrar el servicio de emitir certificados de autorización a determinado uso de suelo, puesto que dicha facultad le corresponde al órgano ejecutivo, es decir a la alcaldía, a través las oficinas de planeamiento urbano.

La determinación de que un espacio se corresponde o no con alguno de los parámetros preestablecidos en la clasificación del suelo, requiere de unas capacidades de orden técnico y un análisis particular para cada expediente que es sometido ante un ayuntamiento, razón fundamental que evidencia un carácter ejecutivo, y por vía de consecuencia, su competencia reposa en la administración municipal.

Como colofón de lo anterior, la propia Constitución Dominicana, es clara en deslindar en su artículo 201, la naturaleza de los dos organismos que componen los gobiernos locales,  los cuales poseen funciones y competencias marcadamente delimitadas, al establecer que “El gobierno del Distrito Nacional y el de los municipios estarán cada uno a cargo del ayuntamiento, constituido por dos órganos complementarios entre sí, el Concejo de Regidores y la Alcaldía. El Concejo de Regidores es un órgano exclusivamente normativo, reglamentario y de fiscalización integrado por regidores y regidorasLa Alcaldía es el órgano ejecutivo…”  (Énfasis añadido).

La interpretación legal, tanto desde el punto de vista de la Constitución dominicana, como de la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y Los Municipios, de cara a la búsqueda de un funcionamiento eficiente del manejo del servicio de las autorizaciones, revisiones o inclusive hasta revocaciones en casos estrictamente puntuales de usos de suelo, debería consistir en que: (i) los Concejos Municipales, en su función legislativa, dicten la normas que regulen la clasificación del suelo que sea de su competencia; (ii) la administración municipal a través de sus oficinas de planeamiento urbano reciba, analice y, apruebe o rechace las solicitudes de uso de suelo realizadas por los usuarios de conformidad con los límites establecidos por el Concejo mediante los instrumentos legales correspondientes; y (iii) que dicho órgano colegiado, en atribuciones fiscalizadoras, audite el debido cumplimiento por parte de la administración municipal en la gestión del servicio en cuestión.

Anuncios

Comenta

Apple Store Google Play
Continuar