Como una forma de modernizar el sistema de justicia penal, gobiernos de todo el mundo, de unos 90 países, en total, han optado por el uso de brazaletes electrónicos de vigilancia como una medida alternativa a la prisión y la República Dominicana no es la excepción.
Hay naciones en donde estos tipos de dispositivos electrónicos también son utilizados en ciudadanos inmigrantes como forma de darle seguimiento mientras se encuentran residiendo en sus países.
Muchos destacan las cualidades positivas que para los infractores de diferentes delitos menores representa el aparato electrónico porque les permite desplazarse fuera de las 4 paredes y en ocasiones hasta seguir realizando su vida normal, trabajar, estudiar, cuidar a su familia, pero otros detallan los problemas que podrían producir en algunas personas que no logran adaptarse a los dispositivos.
También se resalta el alto precio que para el Estado representan los grilletes electrónicos, aunque comparado con lo que tienen que gastar por un interno cuando se encuentra recluido en un centro carcelario, la diferencia es muy notoria.
A través de la historia se pueden apreciar tres fases en el desarrollo de esta tecnología. Ya en 1918 se hablaba de esposas y grilletes, pero es en 1960 cuando se comienza a utilizar un dispositivo portátil de dos piezas conocido como Behavior Transmitter- Reinforcer o BRT-R, que determinaba la ubicación y controlaba el comportamiento de la persona con el envío de una señal cuando ocurría una acción inadecuada de quien lo llevaba.
La segunda fase se caracterizó por una gran apatía hacia el uso de tecnologías de vigilancia electrónica que se extendió desde 1970 hasta 1984 y la tercera fase fue el resultado del trabajo del juez norteamericano Jack Love y del ingeniero Michael Goss, los cuales diseñaron un brazalete que se conectaba a un radar indicando la posición del usuario.
Según datos de la Oficina Regional de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Centroamérica y el Caribe (UNODC) la colocación de brazaletes electrónicos tiene sus ventajas y desventajas.
Dentro de las críticas a esta práctica están los que piensan que la medida podría considerarse como inconstitucional en la mayoría de los Estados; estas pulseras solo replican otras medidas alternativas como es el arresto domiciliario; promueve la humillación pública y la estigmatización de quienes las usan; son difíciles de utilizar y los usuarios no están familiarizados con su uso ya que la mayoría de las personas en conflicto con la ley no tienen recursos suficientes, sobre todo en los países en vías de desarrollo como República Dominicana; posibilidad de fallos, perturbaciones y hasta transgresiones; promueve la expansión del control por parte del Estado y los altos costos para lograr su implementación; muchos están preparados para escuchar hasta las conversaciones de quien lo lleva.
Existen, en la actualidad, muchas experiencias en el uso de esta tecnología. Países como Brasil, Argentina, México, Colombia, y Uruguay cuentan con las iniciativas más importantes en América Latina. Mientras, Portugal, Suecia y los Estados Unidos han experimentado un uso adecuado y sostenible de los brazaletes electrónicos, aunque otros países no han tenido una experiencia tan positiva.
En naciones como Chile muchos juristas consideran esta medida contraproducente con el principio de presunción de inocencia y entienden que “si una persona es acusada de un delito, siempre será inocente hasta que se demuestre lo contrario y al obligársele a usar este dispositivo lo están señalizando y marcando socialmente como culpable”. Se le crea un estigma anticipado a la persona y lo criminaliza, de manera pública, antes de ser juzgado.
La experiencia de Colombia, por ejemplo, ha demostrado que el mecanismo más eficaz suele ser el uso simultáneo de RF y la tecnología GPS, pues la primera tecnología asegura que se va a cumplir el arresto domiciliario con una alta precisión y la segunda permite que el usuario del brazalete pueda trabajar o estudiar en un área fija.
En cuanto a la base jurídica internacional para la promoción y aplicación de las medidas alternativas a la prisión, como es el caso de los grilletes esta se fundamenta, junto a otros instrumentos internacionales, en el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la resolución 45/110 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual aprobó las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio)14.
Una de las ventajas que ofrecen los brazaletes es que no se trata de una medida obligatoria, ya que el usuario siempre da su consentimiento antes de utilizarlo y su uso nunca es impuesto por un juez o fiscal, de acuerdo a los tratados internacionales. Aquí no creo que le pregunten a la persona si quiere ponerse o no los grilletes.
En 2017 más de 50 imputados que, estaban acusados de diferentes delitos incluyendo la violencia de género se encontraban con brazaletes electrónicos en la República Dominicana, luego que un Juez de la Instrucción les dictara medidas de coerción.