El cambio de gobierno genera efervescencia positiva para la mayoría de la población que democráticamente eligió las nuevas autoridades que dirigen los destinos nacionales para el cuatrienio 2020-2024.
La ciudadanía sustenta su esperanza de bienestar social, confiando en el conjunto de promesas enarboladas en la pasada contienda electoral; donde el nuevo gobierno enrostró los desvaríos de supuestos actos ilegales, inmorales y atentatorios a la convivencia pacífica cometidas por las pasadas autoridades.
La población aspira la implementación de proyectos y programas donde se prioricen la convivencia ciudadana en igualdad y equidad de oportunidades para toda la gente.
Ejecutando una campaña de concienciación donde la esencia del todo, sea la vida humana, esto permitirá reducir la elevada tasa de homicidio a su mínima expresión.
Implementar programas preventivos contra violencia intrafamiliar (que sean reales y no mediáticas como ha ocurrido en los últimos 23 años de la fracasada implementación de la Ley 24-97).
Reducir la elevadísima tasa de muerte y lesionados por accidente de tránsito, donde la mayoría de personas afectadas son jóvenes.
Ejecutar un desarme legal y desarme voluntario donde la población entienda que nadie es “más gente” por estar armado y por amedrentar al ciudadano que está desarmado. Las armas debieran pórtalas las autoridades previas evaluaciones semestrales del estado psicológico y emocional de cada agente policial, militar y otros actores del sistema que sea requerida por su “preponderancia laboral”.
Alguien podría argumentar que estas ideas son demasiadas ambiciosas y hasta ilusorias, pero estas ideas son posibles en un régimen democrático, siempre que implemente “una educación para la paz, educación ciudadana y educación cívica”; aunque esto implicará la modificación del concepto tradicional de la democracia como históricamente se define esta acepción: “Democracia es el régimen político en el cual el poder proviene del pueblo y es ejercido por éste, directa o indirectamente” (Capitant H. Vocabulario Jurídico, pág. 200).
Nuestra Constitución Política, tiene una similar definición, entorno a la soberanía popular, en su artículo 2, expresa: “La soberanía dominicana reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales se ejerce por medio de sus representantes o forma directa, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes”.
Hasta hace poco, la democracia consistía en que el pueblo elegía las autoridades que lo representara, pero hoy no basta, el solo hecho con la elección de la representación de sus autoridades, la ciudadanía exige participación, para conjuntamente construir el desarrollo y anhelado de “bienestar colectivo o social”.
Nuestras normativas legales garantizan el bienestar social o común a sus ciudadanos a través de los servicios esenciales que proporciona el Estado; ofrecer los servicios básicos acorde con la realidad social, política y económica del país. Esta misión la ejerce a través de la función de administración pública, prestando los servicios y contratando a los servidores públicos.
El servicio público, es una acción, dado por una institución o prestación promovida por el Estado para garantizar la igualdad y equidad entre los ciudadanos.
El servidor público, es una persona que brinda un servicio de utilidad social. Esto quiere decir que aquello que realiza beneficia a otras personas y no genera ganancias privadas, más allá del salario que pueda percibir el sujeto por este trabajo. Cualquier acción distinta a esta concepción del empleado público se califica de corrupción y mala práctica en perjuicio del Estado.
Estos servicios de la Administración Pública, lo garantiza nuestra Constitución, en su artículo 7, cuando establece que nuestra República Dominicana es un: “Estado Social y Democrático de Derecho. Sus órganos y servidores actúan con respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos”.
Algunos tratadistas definen el concepto dignidad humana, “es el derecho que tiene cada ser humano, de ser respetado y valorado como ser individual y social, con sus características y condiciones particulares, por el solo hecho de ser persona”.
Esta dignidad humana también se extrapola al régimen laboral del servidor público establecido en la Constitución en su artículo 145, Ley 41-08 de Función Pública y el Reglamento 523-09 de Relaciones Laborales en la Administración Pública, Circulares 4294 y 4295-2020, emitida por el Ministerio Administración Pública, a los fines de retroalimentar y actualizar el conocimiento de las instituciones estatales.
La carta Magna en el artículo 145, dice: “Protección de la Función Pública. La separación de servidores públicos que pertenezcan a la Carrera Administrativa en violación al régimen de la Función Pública, será considerada como un acto contrario a la Constitución y a la ley”. (En esta ocasión no me referiré a la frágil Ley 41-08 de Función Pública, porque en otras publicaciones me he referido ampliamente, solo aspiro que las autoridades acaten las disposiciones vigentes a favor de los servidores públicos).
Retomando el enunciado indicado más arriba ¿Por qué es necesaria desarrollar una educación para la paz, educación ciudadana y educación cívica?
La educación es la piedra angular para el desarrollo integral de los seres humanos, jamás debe concebirse una educación que su esencia central no sea inspirada en transmisión y construcción de los principios y valores que consoliden la convivencia pacífica en nuestra sociedad y el mundo.
Para nadie es un secreto que los seres humanos en condición más vulnerables, en el caso específico de los niños, niñas y adolescentes frecuentemente son víctimas de la creciente violencia, los conflictos sociales, la falta de respeto hacia ellos y el mundo que lo rodea. Por lo que se hace necesario que padres, madres, y educadores se empoderen de los valores universales, que inspiran respeto a la dignidad de todas las personas.
Estos actores deben inculcar doce (12) valores reconocidos universalmente como son: paz, respeto, amor, tolerancia, felicidad, responsabilidad, cooperación, humidad, honestidad, simplicidad, libertad y unidad.
Una persona que su accionar cotidiano esté inspirado en estos valores se constituye automáticamente en un promotor de paz. Porque según el ex secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar, dijo: “La paz debe empezar con cada uno de nosotros. Mediante una reflexión seria y relajada sobre su significado, debemos encontrar medios nuevos y creativos de fomentar la compresión, la amistad y la cooperación entre las personas del mundo”.
La denominada pedagogía para la paz, forma al ser humano como un ser político, interesado por el bien común o bien social, inquieto por participar en los asuntos públicos del Estado, dispuesto a luchar por las cuestiones sociales, que pertenecen a tod@s ciudadan@s.
Sabemos que este enunciado genera conflicto para el statu quo imperante, pero el conflicto es inherente en el ser humano, es mediante el conflicto de ideas, es que la persona crea condiciones que permiten superar la barrera de la desigualdad social, política y económica.
La educación para la paz empodera al participante (estudiante) para enfrentar las manipulaciones de sectores poderosos frente a los débiles. Esta pedagogía consolida la democracia social y participativa, donde todos los individuos sin importar su condición social, política, económica, religiosa o su preferencia de género, tod@s tienen iguales obligaciones y derechos para consolidar la paz en el Estado Social y Democrático de Derecho que vive la República Dominicana.
Mientras, que la educación ciudadana, propone mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población, que tenga como criterio de excelencia, el mejor vivir de tod@s, sin exclusiones.
Esta educación rechaza la dominación de los sexos aceptados socialmente, de las pretensiones del machismo y del hembrismo. Asimismo, rechaza el racismo, autoritarismo histórico y socialmente aceptado y los deseos de ideologías totalizantes, que impiden a las personas pensar y decidir por sí mismas.
El presente artículo está inspirado en la conferencia “La cultura ciudadana como motor de transformación social”, dictada por el doctor Antanas Mockus, pretendemos hacer una síntesis. Él conferencista observó “el divorcio” que existen entre tres sistemas reguladores de comportamientos humanos, como son: la cultura, moral y ley. Buscó tener en cuenta la autonomía y la fuerza relativa de la regulación cultural.
Explicó que los comportamientos aceptables de una manera que depende mucho del contexto social y cultural, frente a la regulación jurídica y la regulación moral individual.
Calificó que el triunfo de su gestión de Alcalde en la capital colombiana, se debió que logró vincular exitosamente la moral, ley y cambio cultural.
Empleo una comunicación intensa de los objetivos de la ley y de las acciones de aplicación de la ley y mediante un acompañamiento con acciones complementarias orientadas al mismo objetivo.
Mostró así que la modificación de hábitos y creencias colectivas puede volverse un componente crucial de la gestión pública.
Destacó cuatros objetivos correspondientes para alcanzar la cultura ciudadana, fueron: 1) Aumentar el cumplimiento de normas de convivencias; 2) Aumentar la capacidad de unos ciudadanos para que lleven a otros al cumplimiento pacífico de las normas 3) Aumentar la capacidad de concertación y solución pacífica de conflictos entre ciudadanos y 4) Aumentar la capacidad de comunicación de los ciudadanos donde se escuche la expresión e interpretación a través del arte, la cultura, la recreación y el deporte.
La experiencia de la cultura ciudadana como motor de transformación social, desarrollada en Colombia, se puede extrapolar a cada país latinoamericano, con su debida adecuación a la realidad cotidiana de cada nación.
Este artículo denominado “Unidos por el cambio para la paz” su mayor pretensión es la construcción de conocimientos útiles, que inspiren a todos los sectores de la sociedad sin exclusión, se establezca un diálogo abierto, que contribuya a enriquecer los planteamientos vertidos más arriba, donde la población avance en las búsquedas y articular sus acciones en propuestas alternativas en las que se pueda progresar en soluciones no violentas, frente a los conflictos que atravesamos y atravesaremos, como parte de las relaciones entre sujetos históricos comprometidos con la construcción de nuevas sociedades en las que priman la justicia, equidad, solidaridad, cooperación, respeto, reconocimiento, aceptación activa de la diferencia, libertad, participación real y efectiva en los asuntos públicos.
Por Alcedo Magarín*