La Cámara autonómica asumió lo que considera el mandato popular salido del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre, en el que unos dos millones de personas (para una población de 7,5 millones) votaron a favor de la secesión.
«Asumimos el mandato del pueblo de Cataluña expresado en el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre y declaramos que Cataluña se convierte en un Estado independiente en forma de república», proclama literalmente el texto presentado por JxSí y la CUP, las dos fuerzas secesionistas, que sumaron 70 votos, de un total de 135 parlamentarios que componen el Parlamento.
En contra votaron diez diputados y se abstuvieron otros dos, mientras que antes de la votación abandonaron el hemiciclo medio centenar de parlamentarios liberales, socialistas y conservadores en desacuerdo con la iniciativa secesionista.
La sesión registró momentos de tensión, en especial cuando la mayoría soberanista cambió el modo de votar al llegar la resolución independentista.
Mientras las de la oposición eran votadas de modo electrónico, que permite identificar al votante, la declaración independentista se sometió al escrutinio secreto, en urna, con el fin de evitar posibles repercusiones penales.
Justo antes de la votación la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, avisó de que los diputados podrían verse afectados por la advertencia del Tribunal Constitucional a quienes participen en actos favorables a la independencia de Cataluña.
Por eso Junts pel Sí y la CUP reclamaron votar de modo secreto y eludir así la eventual acción de la Justicia española.
La oposición protestó por el cambio de reglas de votación sobre la marcha y algunos diputados tacharon de «cobardes» a los secesionistas, por ocultar su voto.
El documento de JxSí y la CUP pretende dar inicio a un «proceso constituyente» y hacer efectiva la ley de transitoriedad jurídica, para permitir el paso de las instituciones catalanas a una república independiente de España.
Al mismo tiempo que en Barcelona se desarrollaba esa sesión, en Madrid el Senado daba luz verde al decreto presentado por el Gobierno español, presidido por Mariano Rajoy, con medidas para restablecer la legalidad constitucional.
Entre ellas destaca la destitución del presidente regional catalán, Carles Puigdemont, y de todos los miembros de su gabinete, así como limitar las funciones del Parlamento regional, para que no prosiga la vía independentista, y a asumir el control de la Policía autonómica (Mossos d’Esquadra) y de las finanzas autonómicas.
Son medidas que el Gabinete de Rajoy tenía previsto aprobar en la tarde de hoy en España para su vigencia inmediata y que suponen desarrollar el artículo 155 de la Constitución, aplicables para hacer frente a actitudes ilegales de las autoridades regionales.
Tras la declaración de independencia, Carles Puigdemont aseguró que ha llegado la hora de que las instituciones y los ciudadanos mantengan «el pulso del país» en el terreno de «la paz, el civismo y la dignidad».
«Hoy el Parlamento de nuestro país, un parlamento legítimo, surgido de las elecciones del 27 de septiembre (de 2015), ha dado un paso largamente esperado y largamente luchado. La inmensa mayoría de representantes políticos legítimamente elegidos han culminado un mandato validado en las urnas», afirmó Puigdemont en las dependencias de la Cámara regional, pero no en el hemiciclo.
A continuación, en numerosas plazas de Cataluña se congregaron afines al independentismo para celebrar la iniciativa del Parlamento, que no tiene valor legal y que ha sido explícitamente rechazada reconocida por la Unión Europea y las principales capitales europeas y latinoamericanas y por Estados Unidos.
En la plaza de Sant Jaume, en Barcelona, donde se encuentra la sede del Gobierno catalán, varios miles de personas se concentraron en un ambiente festivo y reivindicativo portando banderas independentistas y carteles a favor de la separación de Cataluña del resto de España. EFE
Por EFE
