En fecha dieciséis (16) de Abril del dos mil veintiuno (2021) El Nuevo Diario Digital publicó la noticia de la reportera Liliam Mateo «Someten ante la PEPCA a directora Procomunidad por supuestos actos de corrupción«.
El Presidente del colegio de abogados, Dr. Miguel Alberto Surún Hernández, consiguió que dos de sus seguidores: los nombrados Lic. Juan Diego López y el Sub-Consultor Jurídico de dicho Colegio de Abogados, Dr. Lucas E. Mejía Ramírez, crearan al vapor una fachada de hojalata impresentable mal denominada «Bloque de Abogados por el adecentamiento y transparencia gremial contra la corrupción«; y tuvieron otro atrevimiento: el de presentar ante el PEPCA contra la Dra. Belgia Soler, titular de la Oficina de Pro Comunidad, una denuncia temeraria por supuesta «corrupción«.
La Dra. Belgia Soler es conocida por su seriedad, por su responsabilidad y por su entrega a la actividad gremial entre los abogados y es una persona que con su figura le aporta decencia y transparencia al Gobierno del Presidente Luis Abinader Corona y, por ende, pone en alto tanto al Gobierno como al nombre del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Los dos personajes referidos forman parte de la asociación desvinculada del Derecho que hoy dirige el Colegio de Abogados, por ello igualmente desvinculado del Derecho, y cuya cabeza o el cabecilla lo es el Dr. Miguel Alberto Surún Hernández.
Según los diccionarios de la Lengua Española «secuaz« es una «persona que normalmente acompaña y sigue a otra persona y muestra una actitud de subordinación y dependencia respecto a ella«.
Por ello, en vez de auto-denominarse y mal denominarse «Bloque de Abogados por el adecentamiento y transparencia gremial contra la corrupción« los nombrados Lic. Juan Diego López y el Sub-Consultor Jurídico de dicho Colegio de Abogados, Dr. Lucas E. Mejía Ramírez, en corrección debieron auto-denominarse «Bloque de secuaces del Dr. Miguel Alberto Surún Hernández por la continuidad de la degradación moral, la ausencia de transparencia, la muy interesada negativa a rendir cuentas y demás actos repudiables en el Colegio de Abogados«.
Los nombrados Lic. Juan Diego López y el Sub-Consultor Jurídico de dicho Colegio de Abogados, Dr. Lucas E. Mejía Ramírez, están vinculados a la asociación que conforma la maquinaria desvinculada del Derecho fabricadora de acusaciones y sentencias disciplinarias falsas contra abogados que en el Colegio de Abogados entronizó el Dr. Miguel Alberto Surún Hernández y de la cual han sido víctimas una cantidad apreciable de abogados.
Si los nombrados Lic. Juan Diego López y el Sub-Consultor Jurídico de dicho Colegio de Abogados, Dr. Lucas E. Mejía Ramírez, fueran serios en sus planteamientos deberían de denunciar a su jefe y comitente, el Dr. Miguel Alberto Surún Hernández, por, entre otras muchas cosas, pedirle a la entonces Directora de la Defensoría Pública, Dra. Laura Hernández Román, que les diera a él y al colegio de abogados los casos de los narcotraficantes y de los lavadores de activos; por el presidente del colegio de abogados usar su cargo y su ascendencia sobre un pequeño grupo para introducirse como pequeña turba vociferante (esto fue transmitido por canales de televisión que mantienen esa fílmica en Youtube) al recinto de un tribunal en San Pedro de Macorís para forzar la libertad de quien agredió físicamente (un no abogado) a la abogada Dra. Anibel González y una vez obtenida dicha libertad el soltado procedió a matar a dicha abogada.
Lo mismo le ocurrió poco después a la también víctima de violencia de género señora Juana Domínguez ahí mismo en San Pedro de Macorís, y en ese otro caso estaba involucrada la misma estructura que participó en contra de la abogada Anibel González; es decir, el presidente del colegio de abogados instrumentalizó a este contra la abogada Anibel González (víctima primero de violencia de género y luego de un feminicidio por el puesto en libertad gracias a la referida instrumentalización del colegio de abogados); por, paradójicamente, amenazar el presidente del colegio de abogados al anciano empresario inmobiliario del Distrito Nacional Sotero Valdez Hernández diciéndole: a) «Si la oferta que él me haga no me complace, que espere un sometimiento por Violencia de Género, para que se muera en la cárcel«; y b) «Acuérdate que yo soy el Presidente del Colegio de Abogados: si tú no te pliegas a lo que yo quiero, yo tengo las relaciones suficientes para hacer que cualquier cosa que yo me invente en Justicia contra una persona tenga acogida, sea para destruir a ésa persona, sea para sacar a alguien de algún problema que tenga en la Justicia.
Tú no la vas a pasar bien con esa querella por Violencia de Género que me voy a inventar, más vale que tú te arregles accediendo a lo que yo quiera. Vamos a ver qué es lo que tú vas a proponer, pero, te reitero: te vas a morir en la cárcel con esa querella. ¡Eh!…«; por ser proveedor del colegio de abogados; por tener la facultad mágica de convertir en oro de muy alto quilate la materia de que está compuesto un stand para una Feria del Libro hasta tal grado que lo que a lo sumo debería costar, poco más o poco menos, quizás, unos ciento cincuenta mil pesos dominicanos (RD$150,000.00) según él supuestamente salió por cuatro millones de pesos dominicanos (RD$4,000.000.00); por la negativa sistemática e infundada de él a permitir que la Cámara de Cuentas audite su «gestión« respecto del uso de los fondos públicos que recibe por concepto de los impuestos que pagan los ciudadanos dominicanos para poder acceder a Justicia para reclamar sus derechos; así mismo ha trascendido que usó ciento seis millones de pesos (RD$106.000.000.00) para comprarse unos terrenos en la Provincia de La Altagracia (Higuey); y que hasta tiene una cuenta offshore en monedas fuertes en el paraíso fiscal de Panamá (estos dos últimos aspectos constan en una querella penal presentada por un estadounidense, representado por el Dr. Jorge Lora Castillo, depositada en la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional). Pero no lo hacen porque son simples instrumentos al servicio de las actividades desvinculadas del Derecho del Dr. Miguel Alberto Surún Hernández en el colegio de abogados y fuera del mismo.
Así como esa asociación desvinculada del Derecho, al frente del colegio de abogados, por ello desvinculado del Derecho, está acostumbrada a fabricarles acusaciones y sentencias disciplinarias falsas a determinados abogados en el Colegio de Abogados, ahora pretenden hacer lo mismo ante el PEPCA con ese depósito en contra de la Dra. Belgia Soler de una denuncia falsa por supuesta «corrupción« no sólo técnicamente mal elaborada, sino también carente de la más mínima de las pruebas en su contra, tal como se puede apreciar por su simple lectura. La falsedad, la mendacidad son características tanto de las inventivas como de la personalidad del promotor de dichas inventivas: el Dr. Miguel Alberto Surún Hernández, quien para ello cuenta con sus secuaces.
Como nada ha cometido la Dra. Belgia Soler élla le pidió formalmente al PEPCA que investigue la denuncia fabricada en su contra porque `el que nada ha hecho nada teme`. A diferencia de lo que ocurre en el colegio de abogados donde `el que nada ha hecho debe temer` porque la maquinaria disciplinaria de ahí no es una real maquinaria disciplinaria debido a que actúa al margen del Derecho, totalmente desvinculada del Derecho, con el único propósito de perseguir constreñir a abogados para forzarlos a negociaciones a conveniencias de los que instrumentalizan la referida maquinaria, y si no consiguen doblegar al o a los abogados falsamente acusados los ensucian, enlodan sus reputaciones bien ganadas aplastando hasta Principios Constitucionales, entre ellos hasta el Non bis in ídem y el Derecho de Defensa, como hicieron para beneficiar a un cliente del presidente del colegio de abogados llamado Luis Obdulio Beltré Pujols.
Ese ataque de seguidores del afortunado impune Dr. Miguel Alberto Surún Hernández es un agravio que éste les hace no sólo a la Dra. Belgia Soler, sino también al Gobierno del Dr. Luis Abinader Corona y al Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Por Lic. Gregory Castellanos Ruano